El 9 de junio de 2005, Sucre amaneció atestada de marchistas, parlamentarios y periodistas. Allá se decidió el futuro de Bolivia, tras la renuncia del presidente Carlos Mesa Gisbert.

El entonces presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, intentó articular un bloque de apoyo para suceder a Mesa; sin embargo, la muerte del minero Carlos Coro en una manifestación en su contra, echó por tierra sus planes.

El asedio de los marchistas cargados de dinamita continuó hasta que por la noche Vaca Díez y Mario Cossío, entonces presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la línea de sucesión, renunciaron y dejaron el camino libre para que el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, asumiera el mando.

Cerca de la medianoche, Rodríguez se convirtió en el Presidente que impulsó la renovación del sistema político.

No hubo banda ni medalla. Todo estaba en La Paz, junto a Carlos Mesa, quien salió del Palacio aquella noche pidiendo disculpas a la Patria por no haberla conducido bien.
ACUERDOS

A pesar de las pugnas entre los parlamentarios que querían mantener su mandato, Rodríguez Veltzé logró cuatro acuerdos que permitieron una transición ordenada.

El 4 de julio, el Congreso aprobó la reforma del artículo 93 de la Carta Magna, para permitirle al Presidente la convocatoria a elecciones de Presidente, Vicepresidente y parlamentarios. Además, se aprobó una ley especial para que los prefectos salgan de las urnas y luego sean ratificados por el Presidente. Los otros acuerdos trascendentales fueron la realización del Referéndum Autonómico y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Ésta la evaluación de uno de los principales protagonistas de ese periodo de la historia boliviana.

P.- ¿Cómo evalúa los avances de la democracia hasta la fecha?

R.- El mayor avance de la democracia en estos 30 últimos años fue recuperar el derecho de la gente a elegir a sus gobernantes y desterrar la imposición de

gobiernos militares y autoritarios.

Pese a que se produjeron sobresaltos de orden político que pusieron en riesgo el orden constitucional, Bolivia, o mejor,  los bolivianos, hemos sido capaces de preservar esta importante, aunque no única, condición democrática. La cualidad de la práctica electoral ha permitido avances extraordinarios en la participación ciudadana, tanto de electores como de elegidos, más inclusiva, libre y participativa. También debe destacarse la recuperación del poder constituyente ciudadano que se expresó en la Asamblea Constituyente que produjo una nueva Constitución en 2009 que abre nuevos desafíos, muchos aún pendientes para consolidar el proceso democrático. Las condiciones favorables de la economía permiten una redistribución más equitativa de los excedentes de la renta pública y aliviar los todavía altos índices de pobreza.

P.- ¿Cuál es la importancia de este sistema para el país?

R.- Solo un régimen democrático, (independientemente de la ideología del partido que gobierne el país)  garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes. La división del ejercicio de poder de los órganos públicos, que deben ser conformados por la elección libre de los ciudadanos o por procedimientos transparentes; la administración de justicia por jueces independientes que aseguren el debido proceso; la participación ciudadana en la gestión y control de los recursos del Estado, financieros y naturales; el desempeño transparente y eficiente de los servidores públicos y una producción legislativa, central o autonómica oportuna y que corresponda al mejor interés de todos. Es la calidad de estos atributos del sistema la que debe madurar y consolidarse para asegurar la continuidad de la democracia.

P.- ¿Cuál fue su aporte en este proceso?

R.- Como servidor público trabajé en la Contraloría General y la Corte Suprema de Justicia aportando al fortalecimiento institucional de la gestión pública y la transformación del sistema judicial.

Como Presidente de la República, por sucesión constitucional producida por una severa crisis política, conduje el Gobierno hacia un nuevo tiempo de transformación política fundado en 4 grandes acuerdos: la convocatoria a elecciones generales (no solo de Presidente y Vicepresidente, también diputados y senadores); la designación de prefectos (gobernadores) precedida de su elección popular; la realización de Referéndum Autonómico y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Estos acuerdos celebrados en el marco de la Constitución, permitieron conducir una gestión de transición ordenada en la que también se atendieron asuntos de Estado de trascendencia, entre éstos:

Durante mi Gobierno se consolidó la ejecución de la Ley 3058 de Hidrocarburos, disposición con la que se inició la nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación sustantiva de los ingresos para fortalecer la renta que produce el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El incremento de los ingresos abrió disputas por la redistribución del ingreso, mi

gobierno logró acuerdos inclusivos, como por ejemplo la asignación de un porcentaje a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

El Gobierno reasignó la distribución de los escaños de representación parlamentaria en la Cámara de Diputados  ante la grave crisis que ocasionó la omisión legislativa y la nulidad de la convocatoria a elecciones generales.

En materia judicial, promovió la reforma de la Ley de Organización Judicial, introduciendo cambios como el establecimiento de la justicia de paz y el fortalecimiento institucional de la Judicatura.

En materia de política exterior alentó la reconducción de las relaciones con los países vecinos, destacándose la suscripción de acuerdos de complementación económica y eliminación del uso de

pasaportes con la República de Chile.

P.- ¿Qué falencias ve en la democracia actual?

R.- Los principios y valores de la nueva Constitución todavía no han sido apropiados por todas las autoridades de los órganos de poder público ni por toda la ciudadanía.

Se extraña un reconocimiento genuino de la calidad “plural” del Estado, lo que importa mayor concurrencia plural y tolerante de todos los actores, particularmente aquellos que tienen posturas opuestas al Gobierno.

Los regímenes autonómicos se debaten entre la excesiva centralización y la ineficacia de los gobiernos regionales. El diseño del sistema judicial preserva graves falencias para superar la falta de acceso a un servicio eficaz e independiente. Los conflictos de coyuntura distraen la elaboración participativa y aprobación de políticas públicas para sectores fundamentales como: salud, educación, minería, agraria, pueblos indígenas, recursos naturales, soberanía alimenticia, etcétera.

P.- ¿Qué sugerencias tiene para fortalecer el proceso democrático?

R.- Los gobernantes deben superar la idea de que el solo favor electoral garantiza su permanencia en el poder, un proceso democrático maduro exige además, mayor

correspondencia con los ciudadanos en términos de eficacia de gestión, mayor imparcialidad en la designación de autoridades que deben responder no al régimen de turno sino a la colectividad, tal el caso de la Judicatura, el

Ministerio Público, la Contraloría, las autoridades regulatorias y otras. También es necesaria una  mayor reflexión, tolerancia y pluralidad  para asegurar la legitimidad democrática.

P.- ¿Cree que Bolivia está encaminada a alcanzar un Órgano Judicial independiente?

R.- La independencia del Órgano Judicial no se logrará solo por la modalidad de elección de sus autoridades, sino y fundamentalmente por la legitimidad que brinda su desempeño, esto representa fallos justos, oportunos, predecibles, que correspondan a los hechos y la norma aplicable. Es necesario reconfigurar la estructura orgánica y procesal del Órgano para que corresponda al nuevo modelo de Estado, plurinacional, descentralizado, con autonomías y fundado en el principio del pluralismo jurídico.

Son desafíos que incumben a todos los órganos de poder para proyectar políticas públicas de cambio para

actualizar la legislación de manera coherente y no de aprovechamiento del sistema, como actualmente ocurre con el populismo penal. También debe promoverse la transformación de la calidad de la cultura jurídica de los abogados, jueces, administradores y ciudadanos que reconocen la existencia de la ley pero pocos la respetan y muchos se aprovechan de una anomia cada vez más pronunciada.