El Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje, a través de un informe elaborado por el especialista jurídico Alberto Blanco-Uribe Quintero, califica como una "violación de los derechos humanos culturales y ambientales de los bolivianos" la construcción de un centro de convenciones en el terreno de la América y Potosí, donde se emplaza el Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny. El documento fue publicado mientras una petición que está por llegar a las 5 mil firmas en chage.org aboga por la permanencia del repositorio natural y científico. 

"Demolido el edificio o construcción y destruidos en consecuencia sus proyectos de investigación científica y de conservación ambiental, desaparece el bien beneficiado por la declaratoria formal de patrimonio cultural. El que los directivos de la institución pudiesen desarrollar sus funciones en otro espacio físico no se traduce en una continuidad en la existencia del bien patrimonial, sino su sustitución por otro emplazamiento (...) Siendo simplistas, es un poco como si pudiésemos demoler una pirámide egipcia o el palacio de Versalles en Francia, a objeto de construir réplicas fidedignas en otra parte, con jardines parecidos en el segundo caso, o mudar un área natural protegida", refiere el documento escrito desde la sede del Observatorio, en Estrasburgo, Francia. 

En cuanto a las discusiones que se han venido desarrollando sobre si el valor patrimonial reside en el contenido del museo o en su infraestructura, cita la designación "inmueble" de la declaratoria de patrimonio de 2014 para concluir que la edificación hace al repositorio, pero también y "sin duda" el terreno de su implantación, "pues la idea de 'museo' aquí es funcional, presente en su quehacer científico en la totalidad de ese terreno y en cada uno de los centímetros cuadrados de las áreas verdes al interior de sus linderos". 

Concluye: "Obviamente, las autoridades municipales no pueden seguir basándose en el convenio de 1997 para justificar su actuación actual, puesto que tanto ese convenio como todas las decisiones que se han tomado, con respecto a la demolición y traslado del Museo de Historia Natural se han vuelto antijurídicas, al devenir de objeto ilícito, por ser en su ejecución contrarias a la declaratoria formal de Patrimonio Cultural Material Inmueble a que se contrae la Ley 593". 

El  Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje hace parte de la  Asociación Juristas de Iberoamérica (Asjurib), que tiene la finalidad de "ser instrumentos eficientes para el análisis y la actuación en sus respectivas materias, sin ánimo de lucro, mediante la preparación, selección y construcción de un sistema de información con capacidad suficiente para vigilar y realizar el seguimiento de las situaciones que, en cada una de las materias de su especialidad, se produzcan en la Comunidad Iberoamericana".