La destitución a menos de dos meses de asumir su cargo de la directora de Patrimonio Cultural y Servicios Culturales, Susana Obando, ha vuelto a relucir la ineficiencia de la gestión cultural pública, que desde hace seis años no puede salir de su crisis. 

La gestión cultural municipal pasó de tener en 2009 una administración desconcentrada, a cargo de la entonces Oficialía Mayor de Cultura y gracias a la ordenanza municipal 3900, que le permitía percibir el 2% del presupuesto municipal total y un organigrama propio e independiente; a una irregularidad política, que le llevó a tener siete autoridades en seis años del periodo 2015-2021, además de polémicas y una reducción de hasta el 80% de su presupuesto. 

Para la gestora cultural y portavoz del Movimiento Cultural Cochabamba (MCC), Claudia Pacheco, la extinta Oficialía, creada en la breve gestión de Max Munckel, separada de la cartera de Desarrollo Humano y Deportes, significó un “atisbo” de lo que pudo haber sido “un modelo de gestión cultural pública”. Aquella entidad tuvo como último oficial a Uvaldo Romero, quien ejerció de 2013 a 2015. “No es porque haya sido mi gestión, pero en el periodo 2010-2015 fue donde más proyectos se hicieron”, recuerda Romero, mencionando las iniciativas de la Butaca Callejera o de las Tablas Qhochalas, que ambas derivaron de las propuestas presentadas por la sociedad civil. 

En 2014, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales provocó el cambio de denominación de “oficialías” a “secretarías” en todo el país. Sin embargo, el miembro de la red Telartes y quien fue entonces parte de la Oficialía de Culturas, Marco Antonio Marín, menciona que en esa “transición legal” se mantuvo “la descentralización administrativa teniendo las dependencias de la, entonces denominada, Secretaría de Cultura, un propio departamento administrativo-financiero”. 

Con el tiempo, aquella visionaria ordenanza 3900, impulsada desde la ciudadanía en el Foro Cultural de Cochabamba, fue sistemáticamente ignorada. “La voluntad de poder se impuso al estado de derecho y la transición política ha ido desbaratándola hasta el momento actual de desconocerla por completo”, lamenta Marín. Con la llegada del partido Demócratas (2015) a la Alcaldía, la secretaría de Cultura vuelve al Ejecutivo y desde 2016, pasa a depender de la Secretaría de Finanzas para su gestión contable y financiera. 

“Desde ese entonces hasta ahora las acciones que se llevan adelante en el GAMC con respecto a cultura no tienen explicaciones públicas y transparentes de acuerdo a las normativas vigentes. No cumplen con la transparencia sobre los presupuestos municipales, el diseño de los programas operativos anuales, tampoco llevan adelante rendiciones de cuentas públicas”, acota Pacheco. 

El interés del aparato público hacia la materia cultural disminuyó más aún con la gestión de Súmate que comenzó en mayo de este año y en su organigrama redujo la Secretaría de Cultura a la actual Dirección de Patrimonio Cultural y Servicios Culturales, que comparte cartera con las unidades de Desarrollo Productivo y Turismo, esta última ya se había anexado en 2020.

Las autoridades que fueron llamadas a velar por el desarrollo social y cultural son calificadas por el sector al que tienen que proteger como “poco idóneas” y “sin ningún oficio ni bases sólidas en la labor cultural ni técnica en gestión pública”. “Ocupaban el puesto como pago de alguna deuda política”, comenta Pacheco.