El presidente interino de Brasil, Michel Temer, no quiere perder el tiempo y comenzó ayer mismo a negociar con los sindicatos para acometer una de las reformas más polémicas, la del sistema de pensiones, aunque no lo tendrá fácil porque las centrales no están dispuestas a ceder derechos de los trabajadores.


Temer, que asumió la presidencia interina el pasado jueves, después de que el Congreso suspendiera el mandato de Dilma Rousseff por seis meses para iniciar un juicio político con fines destituyentes, decidió aplazar a mañana la presentación de su equipo económico, que encabeza el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, y comenzar con una cita con las organizaciones sindicales.


En la agenda, una de las reformas pendientes más conflictivas: el sistema de jubilaciones y pensiones.


En la reunión, en la que el presidente interino estuvo acompañado de los nuevos ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de Meirelles, participaron representantes de Força Sindical, la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB) y la Unión General de los Trabajadores (UGT).


La gran ausente del encuentro de ayer fue la Central Única de los Trabajadores (CUT), el mayor gremio obrero del país e históricamente ligado al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, que no acudió a la reunión al alegar que no reconoce "golpistas como gobernantes".


"La CUT continuará defendiendo los intereses de la clase trabajadora, principal víctima del golpe, exigiendo la vuelta del Estado de derecho y de la presidenta Dilma Rousseff, legítimamente electa con 54 millones de votos", sostuvo el presidente de la CUT, Vagner Freitas, en un comunicado.


Los sindicatos que respondieron a la convocatoria de Temer fueron tajantes en este primer encuentro: "No se pueden quitar derechos, no podemos aceptar cambios para quienes ya están en el sistema", advirtió Paulo Pereira da Silva, presidente de Força Sindical.


Para las centrales, es necesario encontrar "alternativas" antes de iniciar un reforma del sistema de pensiones.


Da Silva, uno de los articuladores del juicio político contra Rousseff, explicó que Temer consideró la reforma como una
"urgencia" y sugirió la creación esta misma semana de un grupo de trabajo para discutirla durante los próximos treinta días.


Pereira da Silva, también diputado y conocido como Paulinho da Força, resaltó que el Gobierno interino debe tomar medidas, como recaudar dinero de algunos sectores que están "exentos de pagar", antes de emprender una reforma que "quite el derecho a los trabajadores".


"A partir de ahí discutiremos si se tienen que hacer reformas", afirmó tras la reunión con Temer en el Palacio presidencial de Planalto.


El presidente de la CSB, Antonio Neto, insistió en la búsqueda de opciones que permitan mantener "los derechos de los trabajadores" y consideró que "no es necesaria una reforma" del sistema de pensiones.


El presidente interino ha comenzado su gestión con polémica, no solo por los cuestionamientos sobre el juicio político contra Rousseff, sino por la significativa cantidad de ministros de su equipo -9- relacionados con denuncias de corrupción y la ausencia de mujeres, negros y mestizos en su Gobierno, que ha provocado un aluvión de críticas que Temer intenta calmar con figuras femeninas para puestos de relevancia en la administración.


Además, ya ha tenido que desautorizar a su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, que en una entrevista se mostró partidario de cambiar el sistema de elección del Procurador de la República.


El presidente, que no oculta sus planes de permanecer en el poder hasta el final del mandato -el 1 de enero de 2019-, dando por supuesto que Rousseff no volverá al cargo tras el juicio político, sugirió la posibilidad de que su esposa, Marcela Temer, ocupe algún cargo de responsabilidad en temas sociales.


Su hijo pequeño, Michelzinho, de solo 7 años, ha tenido ya también un papel en su Gobierno porque, según uno de los asesores de imagen del presidente, eligió el logotipo que representará su gestión: una esfera con la inscripción orden y progreso, inspirada en la bandera nacional.


El problema es que la esfera tiene 22 estrellas y no 27, una por cada estado del país, las mismas que se utilizaron en los años 40 y en la última dictadura militar (1964-1985). EFE