Representantes del pueblo indígena yuqui, asentado en el Trópico de Cochabamba, cuestionaron el desvío de dinero por venta de madera; esta situación les dejo sin recursos para temas de salud.

Los yuquis llegaron ayer hasta Cochabamba para reunirse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y exigir una solución ante esta situación, porque los recursos habrían llegado solo a los indígenas yuracarés, según informó el exasambleísta Abel Iaira.

El bosque protector, denominado plan de manejo, es diseñado por la ABT para que haga una explotación de manera legal; solamente se aprovechan árboles maduros y se hacen cortes dirigidos.

“Se hace aprovechamiento forestal en el territorio con base en la normativa”, dijo Iaira, quien acotó que el tema está muy bien controlado y a cargo de profesionales registrados en la ABT.

El problema se dio con los recursos económicos.

Está establecido que el dinero que se obtiene de la venta de la madera debe ser depositado en una cuenta bancaria y que esas ganancias se distribuyen en un 50% para los yuquis y otros 50% para los yuracarés de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuqui Siri, con quienes comparten territorio.

Sin embargo, según el exasambleísta yuqui, solo algunos dirigentes yuracarés habrían recibido los recursos.

“Los hermanos siri habían venido a cobrar toda la madera que se ha vendido el año pasado. Pero, eso es ilegal, porque la mitad de la venta de esa madera era de nosotros y la otra mitad era de ellos”.

Cuestionó que no se haya considerado la necesidad que tienen los yuquis de, por la época de pandemia, atender temas de salud debido a la subida de casos de coronavirus, COVID-19.

“A nosotros nos preocupa bastante este tema. Claro, los hermanos son mucho más adelantados. Pero, los hermanos vulneran nuestros derechos; y la empresa, sabiendo de un contrato de venta de madera, conociendo la cláusula de que deberían hacer un depósito a una cuenta bancaria, dio a dirigentes particulares. Eso nos sorprende bastante”, insistió.

Los representantes se reunieron con las autoridades de la ABT y exigieron que esta situación no vuelva a repetirse.

“Perjudica a ambos consejos, ambos pueblos, ambas comunidades, tanto yuquis y yuracarés que viven dentro del territorio. Que las empresas no se acostumbren a dar plata a los dirigentes, sino a hacer un contrato legal para realizar una transacción bancaria para que realmente se haga una fiscalización a las autoridades que van recibiendo la plata”, pidió Iaira.

Durante el encuentro con las autoridades, recibieron el compromiso de la ABT para que se haga un acta de buena conducta y se anunció el retiro del tronquero.