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  • Diario Digital | viernes, 16 de abril de 2021
  • Actualizado 22:47

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN A COMANDANTES ZURITA Y CUÉLLAR

Víctimas ven incompleto informe de IDIF; piden juicio para Murillo y López

El abogado de los afectados, Ricardo Leclere, dijo que hay “omisiones” en el documento. Sobre la trayectoria balística hay el punto de impacto y descanso del proyectil, pero no el de origen.
Personal del IDIF realiza pericias en Huayllani para investigar la muerte de los cocaleros, en enero de este año.       DICO SOLÍS
Personal del IDIF realiza pericias en Huayllani para investigar la muerte de los cocaleros, en enero de este año. DICO SOLÍS
Víctimas ven incompleto informe de IDIF; piden juicio para Murillo y López

Víctimas y familiares recuerdan “noviembre negro”. Hace un año, nueve personas perdieron la vida por impactos de bala y más de 100 resultaron heridas en la zona de Huayllani (Sacaba), cuando se manifestaban a la altura del puente frente a un contingente militar y policial. Por el caso, no hay imputados ni detenidos y solo existe un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que consideran “incompleto”. Asimismo, piden juicio para los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Luis Fernando López. Además, de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, entre otras autoridades que pudieran tener responsabilidades por las muertes.

El abogado de las víctimas, Ricardo Leclere, informó que la investigación por las muertes en Huayllani fue ampliada al excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y al comandante de la guarnición militar del departamento, Alfredo Cuellar, recientemente. Apuntó que los fiscales tomaron esa determinación tras que prestaran su declaración informativa, en el mes de octubre.

“Los fiscales podrían convocar a otras personas que probablemente están siendo mencionados en sus declaraciones y otros que vea conveniente”, dijo. 

Señaló que solo esas dos personas han sido ampliadas en la investigación, hasta la fecha. Los investigadores determinarán si los aprehenden o imputan en algún momento de acuerdo con el avance del caso.

Para Leclere, todo comenzó el 14 de noviembre de 2019, cuando el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4078 que en su artículo tres dice que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad (…)”. 

“Al día siguiente se dio la masacre de Huayllani y los uniformados actuaron conforme a ese decreto”, señaló.

Luego, comenzó las investigaciones a cargo de la comisión de fiscales de Sacaba. Dijo que entre enero y febrero de este año se realizaron las diligencias necesarias y el peritaje del equipo del IDIF, pero todo se paralizó desde marzo, cuando comenzó la pandemia. Las oficinas de la Fiscalía retomaron sus funciones de manera regular después de unos cuatro meses y en octubre citaron a exautoridades para prestar su declaración informativa.

Fotografía de los cuerpos sin vida  en un salón del hospital México, el 15 de noviembre de 2019.     CORTESÍA

INFORME “INCOMPLETO” El 20 y 21 de enero, el equipo del IDIF se constituyó a la zona de Huayllani para realizar la planimetría, fotografía forense y otros estudios que pudieran determinar la trayectoria balística, entre otros aspectos que permitirían esclarecer lo ocurrido en noviembre de 2019.

Al respecto, Leclere indicó que hace poco tuvieron acceso al informe final que, en su criterio, no contempla lo que es un “estudio de peritaje”. “El objetivo es que determine cosas concretas y situaciones, pero el documento del IDIF es incompleto”.

Apuntó que identificaron, junto con el equipo técnico de peritos que contrataron las víctimas, “omisiones” en el informe final porque el peritaje no ofrecería certeza en la investigación. Por el contrario, genera dudas y susceptibilidades.

Consultado sobre si el documento revela la trayectoria balística, explicó que determina el punto de impacto y de descanso del proyectil, pero no el de origen y salida “pese a que hicieron un trabajo técnico en cuanto al tema logístico porque midieron con hilo, con láser, pero eso no se refleja en el resultado escrito”.

“De qué nos sirve esa identificación, si no sabemos de dónde ha salido el disparo, obviamente este informe es incompleto. Ellos han medido la trayectoria y debían determinar e identificar el lugar de salida de la bala. Por videos y fotografías sabemos dónde estaban ubicados los militares a momento de los enfrentamientos”, sostuvo.

Añadió que los peritos sacaron proyectiles de las paredes y postes de luz para determinar el tipo de armamento usado e indicó que podían realizar un estudio más completo de las armas y tanquetas que llevaron los regimientos militares que estuvieron en la intervención del 15 de noviembre.

Recordó que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los disparos que provocaron muertes salieron de los mismos manifestantes e indicó que el informe pericial debía determinar el punto de salida de la bala para esclarecer ese aspecto. 

Murillo, el 16 de noviembre de 2019, afirmó que: “hemos hablado con el Fiscal General y le hemos pedido que sea absolutamente transparente y proba la investigación para ver qué pasó con estos muertos. Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, en la cabeza. ¿Cómo han podido recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó? Lo que decían: hagamos daño y les echamos la culpa a ellos (…). Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también”.

Leclere indicó que esa pericia es importante para las familias de las víctimas porque les permitirá probar lo que realmente ocurrió en Huayllani, tomando en cuenta la ubicación del contingente policial y militar. 

Explicó que la ampliación de la investigación establece otro plazo para continuar con los actuados. Pidieron la complementación del informe del IDIF y solicitarán que exautoridades sean citadas para prestar su declaración informativa a fin de esclarecer las muertes y establecer responsabilidades en búsqueda de justicia. Además, de identificar a los autores intelectuales y materiales.

Acotó que las víctimas también tienen un equipo de peritos que emitieron un informe preliminar, pero esperan el documento complementario del IDIF para tomar una posición sobre el caso. 

Este medio de comunicación solicitó a la Fiscalía una entrevista con alguno de los profesionales asignados al caso para conocer los avances investigativos, pero no hubo una respuesta favorable.

Familiares llegan al IDIF con los cadáveres de sus seres queridos para su autopsia.     DICO SOLÍS

LAS MUERTES Al promediar las 16:00 comenzó el enfrentamiento en Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. Los militares y policías estaban apostados del lado de la tranca o retén y los manifestantes, que pedían ingresar en una marcha a la plaza 14 de Septiembre y después seguir en caminata hacia La Paz, se encontraban en frente, cerca de la estación de servicio.

El sector estuvo negociando su ingreso a la ciudad por casi cuatro horas, pero los efectivos rechazaban esa posibilidad argumentando que podían ocasionar destrozos y daños. La violencia estalló en horas de la tarde, cuando se escuchó el silbido de las balas.

Ese día, los cocaleros salieron de Sacaba cerca del mediodía. Se dirigieron hasta el puente de Huayllani, en el kilómetro 10.5 de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, pero no pudieron seguir porque un contingente policial y militar les impidió el paso. 

A las 18:00, se confirmaban cinco fallecidos, pero la cifra subió a nueve con el paso de las horas, todos del sector cocalero. Los muertos y heridos iban llegando al hospital México de Sacaba, el nosocomio colapsó porque había decenas de personas que buscaban atención médica.

Roberto Sejas Escobar, Emilio Colque León, César Sipe Mérida, Armando Caraballo Escobar, Juan López Apaza, Marcos Vargas Martínez, Lucas Sánchez Valencia, Plácido Rojas Delgadillo y Omar Calle Siles son las nueve personas que fallecieron a consecuencia de los impactos de bala en el cráneo, tórax o abdomen.

El 11 de junio de este año, perdió la vida la décima víctima de Huayllani. Se trata de Julio Pinto Mamani, quien estuvo luchando por su vida con una bala que se alojó en su cabeza aquel “viernes negro”. Los fallecidos pertenecían a las federaciones Trópico, Yungas Chapare y Centrales Unidas. 

La organización denominada “Héroes de la Democracia” contempla 12 fallecidos en sus listas. Los otros dos son Miguel Ángel Gonzales Ledezma y Roger Gonzales, fallecidos el 11 y 29 de noviembre, respectivamente. El primero habría muerto tras ser disparado por uniformados desde un helicóptero, según la agrupación.

El 16 de noviembre, los familiares velaron los restos de sus seres queridos en el puente de Huayllani, lugar donde fallecieron el día anterior. Cientos de personas llegaron hasta esa zona con velas y flores para despedirlos.

Más tarde, los dolientes trasladaron los cuerpos de los fallecidos hasta el IDIF para que realicen la autopsia de ley. Esa misma noche, el representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, informó que los nueve decesos fueron a consecuencia de proyectiles de arma de fuego.

Luego, los familiares regresaron con los ataúdes al municipio de Sacaba. Al día siguiente, los dolientes, con sus seres queridos fallecidos, emprendieron viajes hacia distintas comunidades de la región del Trópico para darles cristiana sepultura.

El resto de los productores de coca estuvieron 10 días más, después del 15 de noviembre, en Huayllani. Se quedaban a dormir en esa zona y prendían fuego en unos troncos secos para calentarse. Algunas personas se solidarizaron con ellos y les llevaban alimentos, agua y prendas de vestir.

Las movilizaciones se dieron tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la sucesión de Jeanine Áñez como presidenta transitoria en medio del conflicto poselectoral.

El 11 de noviembre de 2019, Morales partió, en calidad de refugiado, desde el aeropuerto de Chimoré con destino a México, país que dejó un mes después para dirigirse a Argentina, con el mismo estatus. Desde entonces, se sumaron fuerzas que exigían su retorno y la renuncia de Áñez, y viceversa. 

AYUDA HUMANITARIA Ricardo Leclere, abogado de las víctimas de Huayllani, manifestó que los afectados rechazaron sentarse a dialogar con el Gobierno transitorio sobre la ayuda humanitaria porque, en su criterio, “no podían negociar con la gente que ordenó la masacre de su gente”. Sin embargo, lamentó que no se haya concretado los acuerdos ni con los familiares de los fallecidos y heridos de Senkata (La Paz).

“Me parece que no tenían ni la mínima intención de reparar a las familias. Eso refleja la actitud que tuvieron. Además, los requisitos para acceder a esa ayuda eran sumamente burocráticos”, dijo.

Señaló que confían que, con el nuevo Gobierno, a la cabeza de Luis Arce Catacora, se podrá concretizar y dar cumplimiento al Decreto Supremo que establece la indemnización para las familias de los fallecidos y pagar los gastos de los heridos que han estado hospitalizados o recibiendo atención médica.

“Muchos siguen con muletas o secuelas y no pueden desempeñar con normalidad sus actividades pese a que ha pasado un año. La mayoría son heridos por proyectiles de arma de fuego y necesitan una recuperación que contempla sesiones de fisioterapia u otros para reestablecerse al 100%”, manifestó. 

Leclere dijo que los afectados no solo tienen que atravesar procesos legales, sino están en medio de un “problema social” debido a que las personas que sustentaban los hogares han sido heridos y muchos no pueden retomar sus actividades. En otros casos, la cabeza de la familia ha fallecido dejando huérfanos y la situación es aún más complicada.

“Las federaciones del Trópico han estado apoyando con víveres y los acompañan emocionalmente para animarlos a seguir adelante, pero no es suficiente. Cuando hay heridos y fallecidos repercute socialmente en las familias”, señaló.

Acotó que el principal pedido, a un año de los conflictos, es justicia. “Se debe convocar a exministros, exautoridades, excomandantes a prestar su declaración informativa. El Ministerio Público debió hacerlo en su momento y recién están queriendo conducir el proceso, pero confiamos en que la comisión de fiscales está trabajando en la investigación”, concluyó. 

Proceso

Asesinato, lesiones gravísimas seguido de muerte o lesiones graves y gravísimas, dependiendo del afectado, son los delitos que se investigan en el caso.