Cumpliendo el fallo del Tribunal Agroambiental que señala que el municipio de Quillacollo tiene la tutela de la zona acuífera Playón Marquina, la Alcaldía demolió ayer 20 viviendas que fueron construidas ilegalmente en esos predios.

El secretario de Planificación de la Alcaldía, Wilbert Oporto, dijo que la zona intervenida abarca 20 hectáreas y que aún queda por recuperar unas 30, también con demoliciones.

Con retroexcavadora y pala mecánica, personal de la Alcaldía ingresó ayer a la zona que los asentados denominaron “Urbanización La Floresta”, pese a que los terrenos están protegidos por la Ley Nacional No. 3975 que reconoce el lugar como zona de recarga hídrica.

Varios de los supuestos propietarios se resistían y algunos subían a los techos de las casas para evitar que la maquinaria pesada las destroce. Persuadidos por los policías, no tenían más remedio que bajar y la pala mecánica destruía en pocos minutos paredes y techos. La mayoría estaban a medio construir, aunque a un extremo del terreno se observaban algunas pertenencias.

La tensión se hizo evidente en todo momento. No solo por la angustia de la gente al ver que las construcciones quedaban reducidas a escombros, sino también porque los apoderados que les vendieron los terrenos estaban presentes y los afectados les pedían explicaciones.

También acudió el expresidente del Comité Cívico, Iván Herrera, a quien los asentados culpaban de lo que sucedía porque hizo gestiones para que el playón quede bajo tutela de la Alcaldía. Fue agredido y los policías tuvieron que rodearlo como barrera de protección hasta sacarlo del lugar.

Pérdidas

Uno de los asentados dijo que suman 200 personas que pagaron 16.000 dólares por cada terreno. Construir les habría costado unos 15.000 dólares más.

Uno de los momentos más tensos fue cuando la pala arremetió contra una de las casas y el dueño lanzó piedras al vehículo. Varios le siguieron, destrozando el parabrisas, y un joven lanzó una barreta al chofer. Una mujer de pollera lloraba desconsolada viendo los restos de su casa.

Genaro Lucas, uno de los afectados, dijo que pagaron 16.000 dólares por cada terreno a los apoderados Jorge Obando, Alberto Heredia y José Luis Álvarez (los dos primeros estaban presentes). “Hay un documento firmado por el presidente Evo Morales ¿cómo uno puede desconfiar?”, manifestó Lucas.

Obando mostró un Folio Real con matrícula 3.09.0.10.0003262 cuyo texto señala que la titularidad es de la empresa Flores Bolivianas SA y que fue expedido el 17 de abril de 2015 por el presidente Morales.

Aseguró que la venta se realizó con minutas notariadas y que hay registro en Derechos Reales. Consultado sobre la razón de ese registro, considerando que las zonas de recarga acuífera son tuición del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), respondió que toda Cochabamba tenía esa cualidad. Cuestionó que la Alcaldía se centre en esa zona cuando hay otras cuatro comunidades en el playón donde también se urbaniza. Al finalizar, anunció una demanda contra el municipio por daños a la propiedad privada.

El Playón Marquina tiene 111 hectáreas, 54 estaban en disputa con una familia, 15 con otra y hay otras 42 donde la Alcaldía tenía previsto instalar una planta asfaltadora. 

El fallo del Tribunal Agroambiental establece que el municipio debe elaborar y aprobar un plan de uso de suelo con proyectos  de carácter social e informar sobre el cumplimiento en abril de cada año.