Debido a la identificación de construcciones ilegales, tala irregular de árboles y algunas actividades agrícolas en el Parque Nacional Tunari (PNT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) entregó en lo que va del año más de una veintena de notificaciones.

Sin embargo, su labor no es sencilla, debido a la falta de personal y a los riesgos de agresión a los que se enfrentan.

El Tunari ocupa un área de más 300 mil hectáreas, el equivalente a casi nueve veces el tamaño de la ciudad de Cochabamba. El área protegida atraviesa los municipios de Cochabamba, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba, Colomi, Villa Tunari, Tapacarí y Morochata. Existe mayor riesgo, por incendios y loteamientos, en área del Eje Metropolitano. Para esta extensión hay en la actualidad solo ocho guardaparques, el Director y un jefe de protección.

El director del Parque Tunari, Luder Jiménez, detalló que, en lo que va de 2023, entregaron notificaciones por construcciones ilegales dentro el área protegida, la tala de árboles en la parte norte y por acciones agrícolas. En este último caso, los pobladores son citados; pero, presentan el descargo y se deslindan de responsabilidades.

En los otros casos, el tema es delicado. Hace menos de un mes, llegaron a zonas donde el personal fue amedrentado.

“Prácticamente, tenemos construcciones ilegales en aquellas zonas de protección estricta donde hemos hecho las intervenciones con el municipio y con la Policía Nacional. Ha sido un poco riesgoso; ya la gente se estaba tornando agresiva, había agresiones”, dijo, haciendo referencia a que les arrojaron piedras y hubo agresión verbal.

Tuvieron que replegarse.

Explicó que, ahí, entregaron citaciones y demolieron material, “no infraestructura”.

“Estamos siguiendo con los procesos administrativos correspondientes a la gente que hace caso omiso”, expresó Jiménez.

El Director de Parque Tunari manifestó que el sector vulnerable del área protegida es la ladera sur de todo el Eje Metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, el sector de la cota 2750, que es el límite sur.

En la actualidad, los puntos focales están Sacaba y parte de Tiquipaya.

“Necesitamos ya tener la coordinación estrecha con la Policía, con las autoridades llamadas por ley, en este caso la fiscalía e incluso el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria)”.

Jiménez informó que solicitan informes al INRA respecto al derecho propietario porque existen quienes aseguran ser dueños de los lugares donde interviene el Sernap.

“Nosotros no reconocemos el derecho propietario, solamente vemos el daño ambiental”, aclaró.

Enfatizó que buscan la coordinación con otras instituciones para reforzar los controles y las intervenciones.

“El Sernap tiene poco personal. No es nada para más de 300 mil hectáreas. El parque está en 11 municipios, y por todo tenemos problemas”, lamentó.