Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 03 de agosto de 2021
  • Actualizado 18:02

Senadora Escobar propone el cierre de los puestos de venta de animales

La anterior semana la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) hizo un operativo donde evidenciaron el maltrato y las condiciones de hacinamiento en las que los animales están. Además, en los días de cuarentena se quedan encerrados.

Venta de animales en el mercado La Pampa. ARCHIVO
Venta de animales en el mercado La Pampa. ARCHIVO
Senadora Escobar propone el cierre de los puestos de venta de animales

Como lamentables calificó la senadora suplente, Lucy Escobar, las condiciones en las que se comercializa a los animales en el mercado La Pampa. De este modo sugiere que los puestos de venta de animales se cierren en ese sector.

La anterior semana la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) hizo un operativo donde evidenciaron el maltrato y las condiciones de hacinamiento en las que los animales están. Además, en los días de cuarentena se quedan encerrados.

Encontraron cachorros de perros, gatos y aves, además de animales cuya comercialización está prohibida. En este sentido, la senadora suplente pide que se lleguen a acuerdos entre las autoridades competentes y los mismos comerciantes porque "no se los puede dejar sin sus puestos de venta"; sino, dar "soluciones sustentables".

“Como autoridades queremos que haya cierre de las casetas, de la venta de animales en el mercado La Pampa, porque no hay condiciones para aquello”, indicó Escobar en entrevista en Unitel. 

Mañana jueves tendrán una reunión entre la Alcaldía y la Gobernación para dar una solución a ese problema de la venta de animales ya que hay leyes que no se están cumpliendo.

En Bolivia existe la Ley 700, promulgada el 1 de junio de 2015 que es la Ley para la Defensa de los Animales contra actos de crueldad y maltrato. Su objetivo es prevenir y penalizar los actos de violencia. Incluso hay sanciones como la privación de libertad de seis meses a un año por “tratos crueles”, de acuerdo con lo establecido por la Ley y una pena de dos a cinco años de cárcel para el biocidio, pero las autoridades reconocen que "lo establecido en las normativas no se cumple".