El Servicio Departamental de Salud (SEDES) pide regular los precios para la atención en las Unidades de Terapia Intensiva de los pacientes con coronavirus COVID-19. Asimismo, impulsa un proceso en contra de la persona que fue sorprendida comercializando fármacos que fueron entregados por el Estado boliviano a los centros médicos.

Ante la creciente especulación de los fármacos, el SEDES promueve los controles a las diferentes farmacias corporativas para evitar el agio y la especulación de los medicamentos que tienen demanda para contrarrestar el coronavirus. El trabajo se coordina con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El jefe de la Unidad de Calidad y Servicios del SEDES, Freddy Medrano Cabrera, destacó la promulgación del Decreto Supremo que permite la fiscalización para hacer prevalecer los derechos de los consumidores y pide a las autoridades locales y nacionales una norma similar que ponga precios a las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) debido a sus costos altos.

El trabajo del SEDES consiste en el seguimiento a las grandes cadenas farmacéuticas para constatar las adquisiciones que hacen y verificar las cantidades de productos que tienen en almacén. Además, se pidieron las facturas para hacer la verificación de los precios. En el caso de las droguerías pequeñas, según Medrano, se trabaja con una denuncia formal.

La autoridad en Salud, aseguró que la promulgación del Decreto Supremo que estipula la implementación de una lista con el monto fijo de los fármacos, permitirá “un control más práctico” al respecto.

“Las especulación se registra, sobre todo, en los antigripales, antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos, como la azitromicina, ivermectina, ibuprofeno, aspirina y los antigripales. En esta semana se seguirá con los controles y operativos en las farmacias cercanas a los hospitales”, aseguró.

Asimismo, pidió a las autoridades de Gobierno y del departamento la creación de una normativa que también regule el precio de las UTI, sobre todo, en esta etapa de pandemia.

“Por ahora, el SEDES tiene como único documento el arancel médico. No hay una norma departamental y mucho menos nacional. Ahora el tema de terapia se volvió más caro porque se utiliza mucho material de bioseguridad. Eso se planteó y la mesa situacional tomará acciones porque existe especulación en el precio”, reflexionó.

VENTA ILEGAL Entre tanto, la Policía investiga la venta ilegal de medicamentos destinados a combatir la COVID-19 que eran de distribución del Estado y cuya venta está prohibida.

“El caso está en un proceso de investigación. El día viernes se recibió una denuncia de un medicamento para terapia intensiva para el papá de un policía, quien encontró el remedio en una farmacia al precio de 100 bolivianos cuando el precio real está entre  25 y 30 bolivianos, pero él lo compra por la necesidad”, relató Medrano.

Asimismo, explicó que el efectivo realizó la denuncia y la responsable de Farmacias del SEDES, Aleida Camacho, en coordinación con la FELCC, realizó el seguimiento para que entreguen 400 ampollas frente al Banco de Sangre, donde los efectivos detienen a una persona y la otra se dio a la fuga.

“Se decomisaron los medicamentos y cuando se abren las cajas verificamos que tiene el logo de una farmacia estatal y bajo esta situación se está iniciando el proceso para averiguar de donde salieron los medicamentos”, explicó