Las entidades públicas que contraten bienes y servicios deben exigir a los proveedores el Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para contrataciones mayores a 20.000 bolivianos, señala la normativa. Al carecer de este registro, el contrato de provisión de comida para policías y militares adjudicado a Bunker Grill & Bar está viciado y debe rescindirse, afirmó la concejal Rocío Molina (MAS), quien añadió que junto al concejal Iván Tellería dio ayer 24 horas al Ejecutivo municipal para que rinda un informe. En tanto, a denuncia de los concejales Carlos Coca, Celima Torrico y Edwin Jiménez, el Ministerio Público precintó ayer dos oficinas de la unidad de Contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba.

El contrato fue por 488.000 bolivianos para la provisión de 34.890 platos por un lapso de 15 días y las irregularidades en la adjudicación surgieron a raíz de las denuncias sobre el mal estado de los alimentos. 

Molina dijo que, si bien se flexibilizaron las contrataciones por la emergencia sanitaria, hay normativas que no se pueden vulnerar y existen requisitos mínimos que se deben cumplir, uno de esos es la exigencia del RUPE.

Durante una inspección sanitaria al restaurante contratado, el secretario general del municipio, Elías Vásquez, informó ayer que la adjudicación fue por invitación directa y que hubo algún error por el que no se encuentra el RUPE en la documentación. Al respecto, Molina dijo que si fue un error y no un delito, lo que corresponde es rescindir el contrato e iniciar el proceso nuevamente.

Ante la excusa de que el contrato se realizó con una persona natural y no con una empresa razón por la que no correspondía pedir el RUPE, expresada por otro funcionario municipal, la concejal señaló que también hay RUPE personal porque es la única forma de acceder a contratos con cualquiera de los tres niveles del Estado y es un requisito fundamental, es por eso que incluso los consultores cuentan con este registro. Además, es la garantía de que el concesionario tribute impuestos por las ganancias obtenidas.

PRECINTADO Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la norma y contratos lesivos al Estado, entre otros tipos penales, son los delitos por los que se investiga al alcalde José María Leyes por la adjudicación observada, informó ayer el fiscal Rodrigo Soria tras el precintado de dos oficinas de la unidad de Contrataciones del municipio. La acción llevada a cabo por el Ministerio Público y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras la denuncia presentada por Jiménez, Coca y Torrico, de la Comisión Primera. 

MURILLO PIDE ACCIONES La mañana de ayer, durante una donación de alimentos, el ministro de Gobierno Arturo Murillo exigió al Concejo y a la Fiscalía tomar acciones si hay una denuncia contra la Alcaldía por la supuesta entrega de alimentos en mal estado y que no esperen las acciones del Gobierno. Aseguró que no permitirá ningún hecho de corrupción, más aún durante la emergencia sanitaria.