El director departamental de Educación, Iván Wilfredo Villa Bernal, informó que registraron 41 casos de violencia de profesores a estudiantes en unidades educativas, en 2019. 

Detalló que 23 fueron por violencia sexual y 18 por psicológica y física. Calculó que unos siete se resolvieron por la vía judicial y hubo condenas.

Identificó que uno de los problemas para seguir la acusación es el “desestimiento” de las víctimas, principalmente cuando amerita un proceso penal porque la falta es “muy  grave”.

Sin embargo, aclaró que en la vía disciplinaria están siendo “rigurosos” puesto que después de que ponen la denuncia y acompaña la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “no puede haber marcha atrás”, aunque la víctima o los padres de familia desistan de la demanda. “Los funcionarios realizan el abordaje y emiten un informe, eso basta para dar continuidad a la denuncia. No citamos al estudiante para que declare en varios ocasiones porque estaríamos incurriendo en la revictimización”. 

En ese sentido, comentó que en la vía penal es aún más complicado porque la víctima y los testigos son convocados en múltiples ocasiones, de manera que se sienten “hostigados” y abandonan el proceso, y el agresor queda absuelto. 

Comentó que en un caso de violencia, el profesor consiguió salir sin culpas en el proceso penal porque los padres de la víctima retiraron la acusación. Con esa resolución pretendía lograr la “absolución” en la demanda administrativa en la Dirección Distrital, pero con la Dirección Departamental de Educación “frenaron” esa situación y siguieron con la denuncia puesto que respaldaba los informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, los casos de violencia sexual, física y psicológica son bastantes, si consideramos aquellas que nunca se denuncian, en las unidades educativas e incluso los dos últimos tipos son “naturalizados” por estudiantes y padres de familia. 

CASOS Una niña, de ocho años, que cursa tercero de primaria, contó que su profesora del anterior nivel la castigó por no presentar la tarea. Relató que se quedó parada frente a la pizarra hasta que concluyera el primer recreo. 

La menor reconoce que esa acción fue un castigo, pero ve con normalidad porque todos los niños, de su curso, que no llevan la tarea o juegan en el aula tienen la misma sanción.

En Sacaba, un padre de familia, que prefirió mantener su identidad en reserva, dijo que en una reunión de tutores, una mamá denunció que el profesor de Educación Física puso un apodo a su hijo, del nivel primario. Esa situación afectó emocionalmente al menor tomando en cuenta  que sus compañeros se burlaban de él e incluso frente a su madre. 

Villa manifestó que los sucesos mencionados son considerados violencia y no es admitido en el sistema educativo. “Esas prácticas se acabaron, ya no estamos en la época de los abuelos donde permitían los castigos. Es importante que los maestros tomen conciencia y eviten estas situaciones que dañan al menor y a la comunidad educativa”. 

En otro caso, el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que una adolescente de 17 años fue víctima de violencia sexual en un establecimiento educativo de Anzaldo, en 2019. El profesor agresor se habría fugado después que el caso se conociera en la Defensoría de la Niñez. 

Cox dijo que el hombre aprovechó su condición de maestro para confundir a la menor hablándole de un “enamoramiento”. “La Defensoría de la Niñez activó los criterios de protección, pero la intervención no fue oportuna porque el agresor escapó. Es un delito que debe ser sancionado”. 

Añadió que solicitó los informes sobre el caso al Ministerio Público y la Dirección Departamental de Educación. 

Cox manifestó que atendieron 96 denuncias de violencia en el sistema educativo en 2019, donde hubo denuncias contra directores, profesores, administrativos y porteros. También registraron casos en los que los agresores son los mismos compañeros.

Sobre las demandas, Villa manifestó que los procesos administrativos contra maestros suele resolverse en unos tres meses, pero ese plazo se extienden cuando hay impugnaciones de parte de los acusados, que con abogados, alargan las causas.

Apuntó que los educadores denunciados por violencia física y psicológica son sancionados, si la vulneración se comprueba, con el descuento del 20% a 60% de su salario y una suspensión de 15 a 60 días. En algunos casos aplica el descenso de categoría e incluso si es una “falta muy grave” es retirado de la función en el magisterio.

Opiniones

Michael Valencia 

Defensoría de la Niñez  

“Iniciaremos unos talleres con el propósito de concienciar respecto al maltrato, violencia física y psicológica en las unidades educativas a mediados de febrero. Será un espacio para que los niños conozcan sus derechos e identifiquen cuando se esté vulnerando sus derechos”, manifestó el jefe de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Sacaba, Michael Carmelo Valencia.

Apuntó que la intervención y atención será integral debido a que también identificaron casos donde los niños son víctimas de sus padres o parientes. 

Carmen Sánchez 

Junta Escolar 

“Después de conocer las denuncias contra las maestras me indigné y pese a que muchas mamás naturalizaron que sus hijos hayan sido obligados a usar botellas para orinar, continué con la acusación porque me escandaliza la vulneración a los derechos. He sufrido amedrentamiento porque me han exigido que retire la denuncia. No necesitaba ser representante de los padres de familia para denunciar, bastaba con demostrar que tengo un hijo en esa escuela”, dijo la presidenta de la Junta Escolar de un establecimiento de Sacaba. 

Nelson Cox 

Defensoría del Pueblo 

“Nos siembra dudas. Pueden haber otros casos de violencia sin denunciar en municipios alejados como el que conocimos de Anzaldo. Son dos años que estamos insistiendo en el funcionamiento y la operativización del Código Niño, Niña y Adolescente para impulsar planes de convivencia pacífica y armónica. Es un diseño que hace ver escenarios sin violencia. Sin embargo, estamos contentos de que el sistema educativo haya agendado la urgencia de tratar temas de prevención”, dijo el delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.