Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 01 de octubre de 2022
  • Actualizado 11:19

LA FISCALÍA ESTÁ A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN

Rector de UMSS expuesto a pena de hasta 8 años por tres delitos

Transparencia presenta demanda penal por renuncia y retorno irregular al cargo. Juan Ríos renunció, suspendió clases y retornó sin autorización del Consejo Universitario.
La representa de Transparencia, Gretzel Vidaurre, presenta la denuncia en la Fiscalía. NOÉ PORTUGAL
La representa de Transparencia, Gretzel Vidaurre, presenta la denuncia en la Fiscalía. NOÉ PORTUGAL
Rector de UMSS expuesto a pena de hasta 8 años por tres delitos

Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias son los tres delitos por los que la representante regional del Viceministerio de Transparencia, Gretzel Vidaurre, presentó ayer una demanda penal en la Fiscalía contra el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos del Prado, quien renunció al cargo y luego retornó de manera irregular, según la denuncia presentada a esa instancia.

En medio del conflicto poselectoral, Ríos presentó su renuncia el 10 de noviembre y el 20 de ese mismo mes la retiró arguyendo que lo había hecho bajo presión y por proteger a su familia pues se sintió “amenazado”. Fue señalado en redes sociales y en un cabildo por su estrecha relación con el expresidente Evo Morales, a quien ofreció “un ejército de universitarios” en la campaña electoral.

Vidaurre explicó que incurrió en incumplimiento de deberes al suspender actividades por 27 días sin autorización del Consejo Universitario, provocando que docentes y admnistrativos sigan percibiendo sueldos.

Por otra parte, llenó el formulario y autorizó su vacación, algo que solo es competencia del Consejo Universitario. Además, designó una rectora interina también sin ser su competencia.

Al presentar su renuncia, la puso en consideración del Consejo, pero no convocó a reunión.

Por incumplimiento de deberes, la ley prevé de uno a cuatro años de cárcel, por conducta antieconómica y daño a los intereses del Estado son uno a cuatro años y por uso indebido de influencias la pena es de tres a ocho años.

Este medio intentó infructuosamente contactarse con Ríos para conocer su postura.