En la temporada de estío, hasta la fecha se registraron 243 quemas en el departamento, más de tres veces el registro de 2018 cuando hubo 80 quemas, según el reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El director regional de la ABT, Henry Acosta, explicó que todas son ilegales debido a que en el departamento no rige la ley sobre quema controlada (bajo autorización de la ABT) debido a que, por su formación boscosa, no tiene pastizales. La quema autorizada rige solo para Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz, donde sí existen.

Explicó que la ABT denomina evento de fuego a lo que comúnmente se conoce como quema. Cada quema puede tener uno o más focos de calor, que son registrados a través de un sistema satelital de monitoreo. La época de mayor vulnerabilidad está entre mediados de julio a mediados de septiembre.

Así, en Cochabamba hubo 1.686 focos de calor en la actual temporada seca frente a los 905 registrados en 2018. El monitoreo se realiza diariamente. En áreas protegidas, el reporte señala 636 focos de calor. El más afectado fue el Parque Nacional Carrasco, donde se registraron 479; seguido por el Parque Nacional Tunari con 148 y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con nueve focos de calor.

Los municipios con mayor incidencia, según el reporte, son Villa Tunari con 531 focos, Cocapata con 185, Tiraque con 183 y Capinota con 119.

El chaqueo es la manera tradicional de rehabilitar tierras para la agricultura, una práctica extendida en Cochabamba que afecta la calidad del aire, del suelo y eleva la vulnerabilidad ante incendios forestales ocasionando deforestación.

La ABT está facultada para regular los chaqueos, exigiendo condiciones. “Pero en Cochabamba no se acostumbra a pedir autorización. No hay esa cultura”, afirmó Acosta.

Como parte de sus acciones de fiscalización, la ABT verificó que las 80 quemas de 2018 afectaron efectivamente más de 2.182 hectáreas en Cochabamba.

La normativa sancionaba con 10 centavos de dólar (equivalentes a 69 centavos de bolivianos) por hectárea afectada por el fuego cuando la quema estaba autorizada y con 20 centavos de dólar (equivalentes a 1.38 bolivianos) cuando se trataba de quemas sin autorización.

La Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, promulgada en abril, subió el monto de la multa y fijó montos que van de 2 a 6 bolivianos. El monto es considerado irrisorio por ambientalistas.

La nueva ley también establece que el Ministerio de Medioambiente debe elaborar una política de manejo integral del fuego que promueva el buen uso a través de la quema controlada, rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios, prevención y atención de incendios forestales y sustitución gradual del uso del fuego, entre otras.

El reglamento debía estar aprobado en junio.