De madrugada, a escondidas, huyendo de las patrullas, así buscan comida los punateños desde que el 12 de abril la Alcaldía ordenara cuarentena estricta para evitar la propagación del coronavirus, según relatos de vecinos. En la mayoría de los municipios, la incredulidad y desconocimiento sobre la enfermedad, sumados a la creencia de que se trata de un ardid político, hicieron que los vecinos tomaran con ligereza las recomendaciones y el contagio se propagó.

La noche del domingo, el concejal Henry Rojas informó a través de un medio local que la determinación de cuarentena en Punata incluye la abrogación de la ley municipal que permitía abrir bancos, centros de abasto y desplazar mercados móviles, añadió que ni las tiendas de barrio pueden abrir y pidió a la población “dosificar” sus alimentos hasta el 19 de abril, cuando se hará una nueva evaluación.

Con ocho casos positivos de COVID-19 hasta ayer, los punateños pasan hambre porque la declaratoria de cuarentena estricta fue intempestiva y no pudieron abastecerse de alimentos. Un vecino contó que salen de noche a buscar fruta y verdura cerca de la plaza, algunas personas venden carne furtivamente y las tiendas de barrio atienden a puerta cerrada. “La gente, como si fuera traficante, sale a las tres o cuatro de la mañana a buscar comida. Los transportistas de abarrotes temen entrar al pueblo, la Alcaldía está en pánico y ha cerrado todo”. Contó el caso de tres adolescentes huérfanos que viven solos, uno de ellos operado recién de apendicitis y aún bajo tratamiento, que afirmaron que hace tres días que no comen.

Capturas de pantalla enviadas a este medio muestran que volvió el trueque porque los vecinos organizaron dos grupos de WhatsApp para intercambiar alimentos. Tampoco tienen insumos básicos de limpieza y desinfección, pese a que es una de las principales recomendaciones.

Otro vecino contó que hace dos semanas que no abren los bancos y nadie puede ir a cobrar los bonos otorgados por el Gobierno, tampoco cobrar jubilaciones.

En Tajamar, la localidad donde vivía el primer fallecido por COVID-19 del departamento, los pobladores también están en cuarentena estricta. Uno de los vecinos de la familia del fallecido contó que cuatro parientes dieron positivo a coronavirus. Otros 20 casos sospechosos (personas que fueron al velorio) fueron trasladados a una sala de aislamiento en la zona de Camacho Rancho.

“Ya no tenemos ni pan, nos falta comida, lo que teníamos ya se nos ha acabado. Esperamos poder salir este fin de semana”, contó con notoria angustia y añadió que las calles están vacías, solo se ve en las calles a las fuerzas de seguridad haciendo patrullaje

Este medio no pudo contactarse con la alcaldesa Clary Montaño. Una persona cercana afirmó que cambió su número.

COCALEROS VS POLICÍA En el Trópico, dirigentes cocaleros dieron ayer 24 horas para que la Policía abandone esa región. Afirman que no hubo coordinación para su ingreso y que nadie les informó. Aseguran que las bases “están llorando” y presionan a los dirigentes para manifestarse. Creen también que la presencia policial rompe la cuarentena y que es una “estrategia” de la presidenta Jeanine Áñez para hacerlos “investigar”. También criticaron los bonos otorgados por el Gobierno porque la gente “sufre” para cobrar.

En declaraciones a Radio Kawsachun Coca, el secretario general de la Federación Trópico, Omar Claros, dijo que en el conflicto poselectoral los policías “masacraron” y que por eso no permitirán el retorno de la Policía. “Se amotinaron, nos masacraron y después generaron el golpe (de Estado), por eso estamos dolidos. Sin coordinación han entrado, las bases nos presionan a dirigentes y alcaldes, dan 24 horas para que abandonen. (…) No vamos a permitir a los policías motines, han llegado 85 policías, no han respetado el protocolo. (…) Teníamos estabilidad política y económica, ahora están viniendo a desestabilizar”.

La ejecutiva de las mujeres de la Federación Trópico, Segundina Orellana, acusó a los policías de no haberse desinfectado en las cámaras sanitizadoras. “Corren riesgo nuestros afiliados, no sabemos su estado de salud porque ellos van a todos los municipios. Políticamente quieren romper la cuarentena, Murillo (Arturo, ministro de Gobierno) provoca. Siguen sembrando odio, dolor y rencor”.

Ana María Ledezma, secretaria general de la misma organización, se quejó porque hay aglomeraciones en los bancos y afirmó que “este bono está queriendo romper la cuarentena”. Aseguró que los cocaleros cobran el bono porque se dieron cuenta de que es “plata del pueblo” y responsabilizó a Áñez por la crisis económica. Aprovechó para destacar la propuesta del candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien plantea que, para enfrentar la pandemia y sus efectos, la canasta familiar se incremente a 1.000 bolivianos y que el bono universal sea de 2.000 bolivianos.

En tanto, la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación comenzó el miércoles la desinfección en el Trópico fumigando mercados, calles y otras áreas en Villa Tunari y Chimoré para después continuar por los otros municipios de la Mancomunidad. Precisamente en Chimoré se reportó el único caso de COVID-19 hasta ayer.

LA BODA DEL CONTAGIO En Santiváñez, sumaban hasta ayer 12 casos positivos, según datos del Servicio Departamental de Salud (SEDES). Todo comenzó en una boda, a principios de marzo, que duró dos días y reunió a gran cantidad de invitados porque se trataba de una pareja bastante popular. Un hombre de 61 años fue el primer caso positivo conocido unas tres semanas después.

Tras la noticia y la declaratoria de cuarentena, la gente recién empezó a acatar las restricciones. El alcalde Hugo Escalera dijo que pidió ayuda al Ejército para controlar el retén de ingreso y lamentó que la pandemia los hubiera encontrado desprovistos de equipamiento médico y sin condiciones adecuadas en el centro de salud. “No somos adivinos para prever. A lo que podemos estamos reaccionando”. Días después, el municipio cerró el ingreso al río y a la represa San Martín, lugares de mucha afluencia.

La cuarentena se mantiene y aún hay quienes creen que todo es una estrategia política en contra del Alcalde por ser del MAS. Otro vecino cuestionó que no se difundan nombres y direcciones de los infectados, asegura que eso es porque en realidad no hay enfermos.

PUGNA EN QUILLACOLLO En Quillacollo, donde el número de casos llegaba ayer a cuatro, el alcalde Héctor Montaño plantea ampliar la cuarentena total e implementar mercados y bancos móviles, pero el presidente del Concejo Municipal, René Fernández, dijo que no pueden emitir normas que vayan a contramano de las disposiciones del Gobierno central. “Si cerramos los bancos, vamos a impedir  que la gente cobre su bono. Entonces, cuál sería el sentido de otorgarlos si cerramos la banca?”, cuestionó. Recordó que la banca se rige por la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que establece cómo debe operar. “Es difícil mover dinero, no es como poner un puesto de venta de tomates”.

ORDEN EN MIZQUE Fue uno de los primeros municipios en tomar acciones, cerró los ingresos al centro poblado y puso vigilancia en los retenes. Solo ingresan o salen vehículos que lleven alimentos, medicinas o trasladen enfermos. Más de 40 personas controlan que se cumpla la cuarentena, según el secretario general de la Alcaldía, Edwin Villarroel.