El asambleísta opositor Mario Orellana identificó cinco supuestas irregularidades en la licitación para la construcción del nuevo edificio de la Gobernación de Cochabamba, y anunció que presentará en los días próximos una denuncia formal ente la Contraloría General del Estado.

Dijo que se debe investigar a unas cinco personas, incluido el gobernador Iván Canelas, quien negó que existan irregularidades en el proceso de licitación de la obra.

El proyecto “Complejo Cultural y Administrativo de Cochabamba” requiere una inversión de más de 37 millones de bolivianos, de los cuales 15 millones ya fueron presupuestados para 2019.

La primera licitación fue anulada, y ya está en curso la segunda. Orellana dijo que también se debe investigar al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) y a los miembros de la Comisión de Calificación. Mencionó las supuestas irregularidades.



1. La unidad solicitante, que es la Secretaría de Obras y Servicios, “forzó un proceso de licitación en dos días; se remitió el proyecto de la Secretaría de Planificación a Obras Públicas faltando dos días para la convocatoria de licitación”.



2.. Se modificó el cronograma de la licitación, “y no fue publicado debidamente en el Sicoes; tampoco tiene el sustento de una resolución administrativa” emitida por el RPC.



3.. En el proceso hubo participación del Gobernador. Emitió una resolución ratificando a la empresa ganadora en la primera licitación. Pero, los funcionarios anularon el proceso “incluso en contra de la propia determinación del Gobernador”.



4. Uno de los argumentos para la anulación de la primera licitación fue que el Documento Base de Contratación (DBC) tenía errores “insalvables” porque implicaban incrementos en presupuestos. Pero, los costos solo variaron en “5.77 bolivianos”. La primera licitación fue por 37.471.817 bolivianos y la actual licitación es por 37.471.811,23.



5. Quien hizo el informe técnico para la anulación del proceso de contratación es el Director de Obras Públicas, el mismo que habría participado como parte de la Comisión de Calificación.

El asambleísta expresó dudas en torno al RPC por una “manipulación direccionamiento” del proceso. Dijo que la Contraloría debe determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Por su lado, el Gobernador manifestó que “nadie tiene interés en ayudar a ninguna empresa, como a veces intenta alguna gente inducir para que esta comisión pueda elegir a alguien”.

Cuestionó al asambleísta de oposición. “Me imagino él estará interesado en que alguna empresa gane. Nosotros hemos hecho un proceso transparente (…). El proceso que se ventiló a través de una comisión de análisis de documentación estableció que esa primera licitación sea declarada desierta, porque además hubo una impugnación de las empresas”.