Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 19 de febrero de 2020
  • Actualizado 04:43

SERNAP PIDE REUNIÓN CON AUTORIDADES

Hay orden para demoler 90 casas en Tunari; frena lío de competencia

La mayoría de las edificaciones ilegales está en Cercado, Quillacollo, Tiquipaya y Sacaba.  La administración del Parque resolvió destruir construcciones, pero alcaldías se niegan. 
Funcionarios notifican a propietarios de construcciones ilegales en la torrentera Gredamayu, en Tiquipaya.  DICO SOLÍS
Funcionarios notifican a propietarios de construcciones ilegales en la torrentera Gredamayu, en Tiquipaya. DICO SOLÍS
Hay orden para demoler 90 casas en Tunari; frena lío de competencia

Terrenos delimitados y bloques de ladrillos es la muestra de que continúan las construcciones ilegales encima del límite urbanizable del Parque Nacional  Tunari (PNT). Realizan un trabajo de “hormiga” para evitar las demoliciones y  aprovechan los feriados, fiestas e incluso las noches para acelerar sus obras. 

El director Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas, hizo conocer que esa institución sacó 90 resoluciones en 2019 para que las alcaldías de la región metropolitana procedan a la demolición de casas ilegales que están en el Tunari, pero no se concretó debido a que se declaran “incompetentes” para esa labor. “Estamos pasándonos la pelotita. Es urgente definir las tareas y responsabilidades para evitar más daño al área protegida”.

Apuntó que la mayoría de las viviendas irregulares fue construida en Tiquipaya, Cercado, Sacaba y Quillacollo. “Al menos 30 resoluciones hemos sacado solo para el municipio de Tiquipaya”. 

El Parque tiene una extensión de 328.878 mil hectáreas e involucra a 11 municipios. Entre ellos está Morochata, Colcapirhua, Sipe Sipe, Vinto, Colomi y Villa Tunari y Tapacarí.

NOTIFICACIONES Terrazas dijo que, en más de tres oportunidades, notificaron a los ciudadanos que se identificaron como propietarios de las casas con el fin de paralizar las obras y demolerlas. 

En octubre de 2019, la Alcaldía de Tiquipaya y el Sernap ordenaron la paralización de obras en la torrentera de Gredamayu que está encima de la cota 2.750 e incluso en el límite de protección del Tunari, lo que significa una doble ilegalidad. 

“Construcción ilegal” decía el letrero que pegaron los funcionarios en los muros de esas viviendas. También lo hicieron en la comunidad Pucun Pucun, zona que fue llamada por los loteadores como la “Urbanización Retamas”.

Asimismo identificaron edificaciones ilegales al borde del río Taquiña. Esas construcciones no solo están dentro el Parque sino sobre la franja de seguridad de ese afluente, es decir, representa un riesgo para los habitantes ante posibles desbordes o desastres como el ocurrido el 6 de febrero de 2018, que dejó cinco fallecidos y más de 100 viviendas afectadas por una mazamorra que descendió con intensidad desde la cuenca. 

Sobre la situación en Cercado, manifestó que hay loteadores que ofrecen propiedades cerca del río Pintumayu. “Algunos ponen anuncios de compra y venta”. 

“San Jacinto” es una de las últimas urbanizaciones creadas en Sacaba, dentro el área protegida, señaló Terrazas. 

Añadió que iniciaron un proceso administrativo y enviaron una nota a ese municipio para iniciar con las demoliciones, pero los servidores argumentaron que esa labor no está entre sus competencias.

La principal reserva ecológica de Cochabamba alberga a 85 urbanizaciones y asentamientos humanos ilegales en Cochabamba, Sacaba, Quillacollo y Tiquipaya, de acuerdo con un estudio realizado en más de un año y medio por 15 profesionales, y que fue presentado en 2018. En las casi 500 hectáreas de terreno hay 4.052 casas habitadas por un número similar de familias. 

Según datos de ese trabajo, de las 85 urbanizaciones y asentamientos solo 29 tienen Resolución Municipal. Eso significa que las alcaldías aprobaron planos de fraccionamiento y de cesiones públicas. 

Del total, 20 están en Sacaba, 7 en Cochabamba, 2 en Tiquipaya y en Quillacollo ninguna tiene ese documento.

RESPONSABILIDAD “Estamos pasándonos la bolita”, manifestó Terrazas, dando a entender que las alcaldías sostienen que no tienen competencias para demoler las construcciones ilegales en el Parque Tunari. 

Apuntó  que el artículo 26, numeral 23 de la Ley 482 de Municipalidades, señala que entre las atribuciones de un Alcalde está “ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas”, ya sea de servicios básicos, uso de  suelo, subsuelo y sobresuelo, urbanísticas y administrativas.

Añadió que el Reglamento General de Áreas Protegidas no faculta al Sernap para demoler las construcciones ilegales, pero sí tienen la tuición de efectuar procesos administrativos y resolver la destrucción. Sin embargo, no lograron acuerdos con los municipios para ese cometido.

Comentó que para evitar contradicciones planteó, hace unos meses, una reunión con las autoridades de Gobierno y del eje metropolitano, pero a la fecha no confirmaron su participación. “No hay respuesta, ese encuentro nos serviría para definir las competencias y evitar más asentamientos porque el (Tunari) se está llenando”.