El importador de las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba, J.d.D.M. presentó pruebas de descargo en el juicio iniciado en su contra dentro del proceso penal por presunto delito de contratos lesivos al Estado en el caso denominado Mochilas I (compra de bolsos escolares en 2018). 

J.d.D.M es dueño de la Sociedad Accidental 26 de Febrero, que proveyó material escolar para el municipio de Cochabamba. Firmó un contrato con la Alcaldía Municipal de la entonces autoridad José María Leyes, de Demócratas. El importador fue señalado de cometer sobreprecio en ese contrato, además de haberse beneficiado con información privilegiada y anticipada sobre las características de las mochilas. Hoy cumple detención preventiva en la cárcel de San Sebastián varones de Cochabamba.

El 30 de diciembre de 2019, como parte del proceso seguido en su contra, la defensa de J.d.D.M presentó a la juez de sentencia tercero de la capital, 30 pruebas documentales, varias de ellas publicaciones de prensa; ofreció ocho testigos, dos documentos periciales, dos evidencias materiales, dos referencias a reconstrucción de los hechos y, tres menciones a inspecciones oculares.

TESTIGOS Entre las pruebas periciales, J.d.D.M. propuso que la Justicia convoque a ocho testigos, entre ellos a uno de sus principales prestamistas M.H.O. propietario de un centro comercial.

“(...) El testigo relatará como es cierto y evidente que mi persona incluso se endeudó económicamente a fin de poder cumplir con el compromiso asumido, entregando las mochilas licitadas, cumpliendo con la entrega material efectiva de las mochilas”, dice el documento firmado por el importador.

Además, están en la lista de testigos G.F.M.C.; L.F.S.; J.P.A.C.: B.J.R.; L.M.Ch.; H.A.R.T. de quienes, dice, pueden testificar su esfuerzo por cumplir con el contrato “sin generar daño económico al Estado, cumpliendo con la entrega material efectiva de las mochilas”.

Además, propone también llamar a A.R.M.de P.,  propietaria de los dos galpones que alquiló y donde fueron depositadas las mochilas a su llegada a Cochabamba.

El abogado del importador, Henry Pinto, señaló que la defensa intenta desvirtuar la acusación de sobreprecio en la adquisición, así como irregularidades en el proceso de adjudicación.

 El importador y dueño de la Sociedad Accidental 26 de Febrero fue acusado de una ganancia superior a los 10 millones de bolivianos de un contrato que superó los 12 millones. 

Pinto señaló que su cliente es víctima de una acusación extorsiva y sin fundamento.

Respecto a los testigos propuestos, el abogado dijo que la juez debe citar a las personas señaladas y que estas tendrán que comparecer.

PRUEBAS Entre los documentos presentados está la escritura pública de constitución y poder notarial que “acredita la existencia legal de la empresa; la trayectoria de la empresa MSPC S.R.L. y experiencia en procesos de contrataciones”.