Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 12 de abril de 2021
  • Actualizado 01:04

Ministerio Público acusa a Leyes y cuatro funcionarios más por caso Comidas

La autoridad municipal compró alimentos, presuntamente con irregularidades, para la Policía y Fuerzas Armadas durante la pandemia, en Cochabamba.
José María Leyes en una conferencia anterior. Dico Solís
José María Leyes en una conferencia anterior. Dico Solís
Ministerio Público acusa a Leyes y cuatro funcionarios más por caso Comidas

La Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, Legitiminación de Ganancias Ilícitas, Aduanero y Tributario presentó acusación contra el alcalde electo de Cochabamba José María Leyes y otros cuatro funcionarios más por la presunta adquisición irregular de alimentos para la Policía y las Fuerzas Armadas durante la pandemia.

La notificación llegó hace unas horas y el juicio se desarrolla dentro del proceso penal seguido a denuncia de los concejales Edwin Jiménez, Celima Torrico y Carlos Coca contra el imputado Marvell José María Leyes Justiniano, Omar O.C.B., Elías V. M. y J.M.Q.Y. por la comisión del delito de  incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las tipificadas por el artículo 153, 154, 221 y 224 del Código Penal.

En abril pasado surgieron un par de procesos por la adjudicación con la empresa Bunker Grill & Bar para la provisión de 34.890 raciones por 15 días para los policías y militares que controlan la cuarentena con un presupuesto de 488 mil bolivianos. 

El proceso de contratación fue observado debido a una presunta adjudicación irregular de la dotación de alimentos a las fuerzas de la orden que patrullaban durante la cuarentena por el coronavirus, debido a la falta de presentación de presentación de la solicitud del RUPE a la empresa contratada y que de acuerdo al juez se constituía en un hecho irregular, cometido por el alcalde Leyes.

El 27 de mayo, la comisión de fiscales y la policía realizaron allanamiento en la vivienda de Leyes. Se llevaron varios elementos como parte de la investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por tres concejales municipales. Ese día la autoridad municipal fue aprehendida y al día siguiente fue conducida ante autoridad jurisdiccional para conocer su situación jurídica. El juez determinó otorgarle detención domiciliaria con fianza y derecho a trabajo.