La bancada parlamentaria cochabambina del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este martes al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y a su hijo concejal, Manfred Reyes Villa Avilés; y al gobernador de La Paz, Santos Quispe, y a su esposa asambleísta departamental, Ana María Salgado, por tener parentesco y trabajar en el Ejecutivo y en el Legislativo de sus instituciones.

Además, el diputado masista Héctor Arce también presentó el proyecto de ley de modificación de la Ley del Régimen Electoral para que este tipo de situaciones no se admitan.

Aunque en todos los casos se trata de autoridades electas, Arce lo cuestionó poniendo en tela de juicio una fiscalización objetiva que pueda darse entre ellos.

Hizo referencia al alcalde Reyes Villa y su hijo concejal en Cochabamba; al gobernador Quispe y su esposa asambleísta en La Paz; al alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, y su hermano Tito Cartagena, quien es concejal; y al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y a su hijo concejal Miguel Fernández.

“No estamos convencidos de que una esposa fiscalice a su esposo, que un hijo fiscalice a su padre y que un hermano fiscalice a su hermano”, dijo.

En días anteriores el concejal Reyes Villa aclaró que es una autoridad electa y que en temas de fiscalización el Alcalde “no es su padre”.

La bancada del MAS presentó ayer solo dos denuncias ante la Contraloría.

Una es contra los Reyes Villa respecto a su situación en la Municipalidad cochabambina. La denuncia es por “incompatibilidad sobreviniente y afectación al principio de imparcialidad y valores éticos para el ejercicio de la administración pública, por prohibición e incompatibilidad en razón de parentesco de padre e hijo (…), solicitando un pronunciamiento expreso de la Contraloría General del Estado, imprimiendo las recomendaciones para el cese del ejercicio de la función pública”.

Con el mismo tenor, el MAS presentó la denuncia por el vínculo matrimonial entre el Gobernador de La paz y una asambleísta departamental.

EL PROYECTO

En paralelo, el diputado Arce presentó el proyecto de ley de pérdida de representación de autoridades electas por hecho sobreviniente.

La propuesta plantea un artículo único, que expresa que se incorpore el Artículo 109 (Bis) de la Ley N° 026 de 30 de junio de 2010, Ley del Régimen Electoral, con el siguiente texto: “La autoridad electa que ocupare u ocupe un cargo electivo en algún órgano legislativo nacional, departamental, regional o municipal; perderá su representación cuando se evidencie vínculo de parentesco de ésta o de éste, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la máxima autoridad Ejecutiva del Órgano Ejecutivo en una misma instancia de gobierno nacional o subnacional, acaecido antes o durante  el ejercicio del cargo electo”.

El proyecto incluye también que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales, según corresponda, de oficio o denuncia procederán con el trámite pertinente para efectivizar la perdida de representación conforme la normativa electoral vigente.

“Esperemos que la Contraloría General del Estado pueda hacer un informe como corresponde y que el proyecto de ley siga su curso, su tratamiento. Les pedimos a estos señores que escuchen su conciencia, su corazón y a su pueblo; y den un paso al costado, como corresponde”, manifestó Arce.

Además, enfatizó que, si las autoridades mantienen su “obstinación” de seguir en sus cargos, en el caso del gobernador Quispe le sugirió “divorciarse” y presentar el certificado de divorcio como prueba para que ambos continúen ejerciendo en el Ejecutivo y el Legislativo, respectivamente.

“Y si se da que entre padre e hijo quieren seguir en el cargo, van a tener que declararlo indigno, es la única forma de que puedan seguir trabajando”, sostuvo.