Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 21 de octubre de 2021
  • Actualizado 08:17

El MAS ataca a los Reyes Villa, pide alejamiento e investigación

El secretario Administrativo Financiero, Mauricio Muñoz, manifestó que el MAS se ocupó de “sembrar delitos”. Marilyn Rivera dijo que no existe sentencia ejecutoriada.
El alcalde Manfred Reyes Villa (Súmate) y el diputado Héctor Arce (MAS). DICO SOLÍS
El alcalde Manfred Reyes Villa (Súmate) y el diputado Héctor Arce (MAS). DICO SOLÍS
El MAS ataca a los Reyes Villa, pide alejamiento e investigación

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ataca al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa Bacigalupi, y a su hijo y concejal, Manfred Reyes Villa Avilés. Para el primero pide el alejamiento del cargo por procesos activos y, para el segundo, una investigación de fortunas.

Reyes Villa, de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) quien gobierna la alcaldía más grande de Cochabamba, tiene como rival político al MAS, que encabeza la Gobernación.

Las diferencias estos días son por procesos, declaraciones y hasta amenazas de muerte denunciadas por el diputado del MAS Héctor Arce.

CONTRA EL ALCALDE

La directora de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, Patricia Sánchez, informó que la institución pública fue notificada mediante autos supremos Nº 535-RA del 21 de julio de 2021 y Nº 805 del 10 de septiembre de 2021, respecto al proceso de El Sillar Alternativo contra Reyes Villa; y otro, por conducta antieconómica de 2009, cuando Reyes Villa era Prefecto.

Explicó que en abril de 2013 la justicia emitió sentencia del proceso y que las partes acusadas “interpusieron, entre otros, un recurso de casación, el mismo que en la ciudad de Sucre ha sido resuelto, a través del auto supremo Nº 535-RA del 21 de julio de 2021, habiendo sido declarado inadmisible”.

Agregó que los acusados también hicieron uso de la enmienda, explicación y complementación, que fue resuelta también con el Auto Supremo Nº 815 del 10 de septiembre de 2021. 

La Gobernación fue notificada este 15 de septiembre. Sánchez aclaró que, de acuerdo a la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, el gobernador Humberto Sánchez debe apersonarse al proceso judicial que lleva adelante la institución, puesto que, en caso de omisión, conllevaría a incumplimiento de deberes. Hay una veintena de casos contra Reyes Villa.

El secretario Administrativo Financiero, Mauricio Muñoz, manifestó que el MAS se ocupó de “sembrarle delitos” y que todo esto se trata de una persecusión política.

El diputado Arce expresó que existe una sentencia ejecutoriada contra Reyes Villa y que eso es causal para perder el mandato de alcalde, según el artículo 12 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.

La presidenta del Concejo Municipal y concejala de Súmate, Marilyn Rivera, manifestó que todavía no se ha definido si la sentencia está ejecutoriada o no. Explicó que queda ejecutoriada materialmente cuando se pronuncia la última instancia y ya no existe ningún otro proceso ordinario ni extraordinario.

“Tengo entendido que se ha presentado ya un recurso extraordinario contra la resolución del Tribunal; por tanto, la sentencia no habría adquirido ninguna ejecutoria todavía”, dijo.

Agregó que, por tanto, el Alcalde no pierde el mandato.

Enfatizó que esa sentencia no se pronunció en el fondo, que se declaró inadmisible el recurso de casación por algún incumplimiento en requisitos. Añadió que se habría presentado una acción de amparo constitucional, “por lo tanto, no se ha terminado de agotar”.

AMENAZAS

Por otro lado, el diputado Arce denunció ayer que recibió tres amenazas de muerte en menos de 24 horas.

Aseguró que esto ocurrió luego de que hace dos días él cuestionó que el concejal Reyes Villa haya dicho que “en Estados Unidos tenía casa, autos y avión privado”.

Arce revisó su declaración jurada y vio incoherencia y contradicción, por lo que propuso que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigue su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado.

Tras esta situación, expuso ayer capturas de mensajes de amenaza de muerte que habría recibido. “No me van a intimidar, es nuestro trabajo de fiscalización”.