Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 18:32

Llevan a juicio a 5 dirigentes por incendio de 2019 en el Tunari; uno de ellos es funcionario

El 25 de marzo de 2022 es la fecha marcada para el juicio oral. Se trata de un hecho inédito en Cochabamba. Reynaldo S. se desempeña en la Secretaría de la Madre Tierra del departamento. Desde la Gobernación aseguran que desconocían del proceso.
Quewiñas ardieron en el Parque Tunari, en 2019. Dico Solís
Quewiñas ardieron en el Parque Tunari, en 2019. Dico Solís
Llevan a juicio a 5 dirigentes por incendio de 2019 en el Tunari; uno de ellos es funcionario

De manera inédita, cinco dirigentes acusados por quemar el Parque Tunari irán a juicio oral en Cochabamba. La acusación no se relaciona con el siniestro de este fin de semana y tampoco con los que se suscitaron en esta gestión, sino que data de 2019.

Por ello, los sindicados deberán presentarse el 25 de marzo de 2022 para conocer la decisión de la Justicia, pues el Ministerio Público los señala como responsables del delito de incendios, otros estragos y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional. Esto, luego de que se destruyeran 19 hectáreas en la zona Alto Aranjuez, perteneciente al pulmón ecológico.

El abogado Álvaro Rojas, consultado por Red Uno, explicó que estas personas serían de la comunidad Andrada. Lo más relevante en este caso es que una de ellas, llamada Benita S., es excandidata a diputada suplente del MAS, de acuerdo con el jurista.

El otro sindicado, de nombre Reynaldo S., trabaja en la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación actualmente.

El septiembre de 2021 se pactó fecha para el desarrollo del juicio oral. Además de Reinaldo S. y Benita S., también han sido sindicados Rimy M., Martha M. y Felisa Z.

LO DESCONOCEN

Consultada la Gobernación respecto a la situación de Reynaldo S., esta institución le confirmó a Red Uno que se desempeña en Formibosque, en el área de Conservación y Medio Ambiente. Sin embargo, cabe aclarar que no tiene relación de parentesco con el Gobernador.

En la Gobernación desconocen que el funcionario arrastre un proceso. "En caso de que tenga sentencia ejecutoriada, se tomarán determinaciones que correspondan por ley", expresó un trabajador de ese despacho.