La jueza cautelar séptima del Tribunal Departamental de Justicia, Adonis Torrico, resolvió dar medidas sustitutivas a la detención preventiva a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en una audiencia virtual que se prolongó por ocho horas.

Es la segunda vez que Molina se beneficia con esta medida. La primera fue en Sucre cuando la juez Ximena Mendizábal le dio libertad irrestricta tras ser acusado por destrozos en el inmueble de la Fiscalía General del Estado.

En esta nueva audiencia de medidas cautelares, que comenzó a las 15.50 y se extendió hasta la medianoche, la autoridad judicial determinó tres restricciones: el arraigo; presentación cada 15 días para firmar un cuaderno ante el Ministerio Público; y prohibición de comunicarse con testigos dentro del proceso abierto contra él.

La decisión fue tomada bajo una vigilia de integrantes de la RJC que rechazaron la “persecución judicial” y en medio de un fuerte resguardo policial en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la avenida San Martín. Molina fue trasladado al lugar desde la FELCC, donde pasó la noche.

LA INVESTIGACIÓN

Molina fue aprehendido la noche del miércoles, por segunda vez, en menos de una semana y este jueves fue sometido a medidas cautelares. Su primera aprehensión fue el sábado 13 de marzo en un operativo con policías civiles en su domicilio de Quillacollo desde donde fue trasladado a la capital del país.

La comisión de fiscales ordenó la aprehensión de Molina para que sea conducido ante las oficinas de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra las Personas de la ciudad de Cochabamba dentro del proceso investigativo de oficio a denuncia de Juana Quispe Ari y Flora Noemí Quispe Amaru por la comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, delitos contra la salud pública y posterior investigación por los delitos de organización criminal y privación de libertad previstos y sancionados por el Código Penal.

Los fiscales Grover Trujillo, Juan Pablo Castro Herrera y Jesús Mamani firmaron el documento y afirmaron que encontraron suficientes elementos de convicción sobre la autoría por los delitos antes señalados.

La comisión de investigación estuvo conformada por cinco representantes del Ministerio Público, quienes siguieron el proceso penal con la denuncia y las declaraciones de la gobernadora, Esther Soria, y el alcalde, José María Leyes. 

Según la imputación y los argumentos expuestos, el imputado infringió las disposiciones legales de la cuarentena además de haber bloqueado con basura los domicilios de las dos autoridades.

La abogada defensora de Molina dijo estar satisfecha por la decisión judicial; sin embargo, señaló que el Ministerio Público anunció que presentará apelación a la decisión.