El abuso e ilegalidad en el Ministerio Público son mayores que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), según el alcalde de Cochabamba José María Leyes, quien hizo alusión a la falta de independencia de poderes. La crítica fue hecha después de que la Fiscalía dejara sin efecto la orden de aprehensión emitida el lunes, luego de que el Alcalde no asistiera a presentar su declaración informativa en el caso abierto por presunta corrupción en la adjudicación de raciones de alimentos para policías y militares. Su defensa arguyó que estaba aislado por sospecha de COVID-19, enfermedad que fue descartada un día después.

“Continúan las irregularidades por parte de la Fiscalía, mi abogado pretende presentar un memorial y la Fiscalía cerrada no recibe mis memoriales. Basta de tanto abuso e ilegalidad, estamos peor que con el MAS”, tuiteó Leyes la mañana de ayer.

No es la primera vez que el Alcalde cuestiona a Unidad Demócrata (UD), partido en función de Gobierno en el que también milita.

El abogado de Leyes, Jhimy Almanza, también cuestionó las acciones del Ministerio Público, pues el lunes acudió a justificar la ausencia del Alcalde informando que se hallaba en aislamiento domiciliario por sospecha de COVID-19; sin embargo, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión señalando que no se justificó la falta. Poco después, también ordenó secuestrar su ficha médica y emitió una alerta migratoria.

Almanza dijo que las actuaciones del Ministerio Público estuvieron viciadas y las calificó de ilegales  y arbitrarias.

Los fiscales anticorrupción que ordenaron el mandamiento de aprehensión, Oscar Flores y Casilda García, dejaron sin efecto su orden, de manera implícita, en un acta emitida la noche del lunes donde señalan que se difiere la toma de declaraciones “anteponiendo la vida y la integridad física del imputado y de los demás sujetos procesales” para el día 2 de junio a las 10:00.

A fines de abril, Leyes fue denunciado por presunta adjudicación fuera de norma por los concejales Edwin Jiménez (Único), Celima Torrico (MAS) y Carlos Coca (Demócratas). Al conocer la acusación señaló al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como el propiciador y dijo que detrás hay intereses políticos orientados a alejarlo de la silla edil.