Luego de haber obtenido fianza juratoria para defenderse en libertad en el proceso por tenencia de arma de fuego, el alcalde de Cochabamba José María Leyes alista su retorno al trabajo desde el lunes y ayer aguardaba a sus custodios para dirigirse a su domicilio, informó su abogado, Jimmy Almanza. Mientras, el Defensor del Pueblo, Nelson Cox, criticó duramente las acciones de la Fiscalía y dijo que hubo excesos y aprehensiones ilegales.

Debe guardar detención domiciliaria con derecho al trabajo por el caso “comida”, en el que se investiga si hubo adjudicación irregular y ayer se presentó a la audiencia de medidas cautelares en el proceso abierto el jueves por tenencia del arma hallada en la requisa a su vivienda, de la que explicó que le fue entregada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para que la guardara. En la audiencia de ayer, Leyes juró ante la juez que se presentaría  a todos los actos procesales por el caso del arma.

Su defensor explicó que, tal como lo estableció el juez en la audiencia del jueves, ya presentó la solicitud al Juzgado Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer No 2 para que emita la autorización de trabajo, de acuerdo a las exigencias y necesidades emergentes de la atención a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Sobre la apelación presentada por el Ministerio Público, el juez Richard Ramírez, que atendió la audiencia por el caso “comida”, dispuso que se presente ante un Tribunal de Alzada y Almanza estima que se fijará una nueva audiencia para la próxima semana. Añadió que lo más probable es que se confirme la decisión del juez Ramírez, puesto que desvirtuó todas las argumentaciones de la Fiscalía por falta de sustento e inconsistencia, pese a que fueron seis los fiscales a cargo.

La Fiscalía pedía seis meses de detención preventiva mientras investigaba, hacía auditorías y reunía otros elementos probatorios. Argumentó riesgo de fuga y obstaculización presentando una libreta encontrada en el dormitorio del Alcalde, durante un allanamiento a su casa, donde se detalla un plan de huida por Perú para él y otras personas. 

Otros tres funcionarios municipales fueron aprehendidos junto a Leyes, uno recibió libertad irrestricta y los otros dos recibieron arraigo y deben pagar fianza, igual que el Alcalde.

Cox, quien estuvo presente en las dos audiencias de Leyes, denunció ayer ante los medios de comunicación que “hubo excesos y han sido aprehensiones ilegales”. Coincidió con Almanza en que la imputación por el caso “comida” no pudo sostenerse, pese a que había seis fiscales; señaló que el proceso debió seguirse previa auditoría. “La imputación fue arbitraria, (…) hubo un manejo irresponsable. (…) Deja librado a que cualquier ciudadano pueda ser sometido ilegalmente a persecución penal”.

Consideró que hubo presiones al Ministerio Público para “pretender forzar estas imputaciones” y reclamó respeto a la independencia judicial y a las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que orientan el accionar de la Justicia.