El expresidente del Concejo Municipal de Quillacollo Víctor Osinaga y dos funcionarios procesados por el caso Audios obtuvieron cesación a la detención preventiva por el caso denominado Audios 2. El juez aún no se ha pronunciado sobre la situación del exalcalde Zacarías Jayta también detenido por la misma causa.

El expresidente del Concejo y el exalcalde son acusadas de realizar negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas y hacer uso indebido de influencias. Supuestamente, Jayta y Osinaga recibían la mitad del dinero que cobraban las empresas que se adjudicaban obras en Quillacollo. Así lo denunció un exfuncionario.

Ronald Orozco, abogado del alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, explicó que además de Osinaga, dos exfuncionarios obtuvieron la cesación a la detención. Osinaga habría obtenido detención domiciliaria con custodio y sin derecho al trabajo, en tanto que los otros dos, detención domiciliaria con custodios.

La decisión dictada por el juez aún no se ha efectivizado y fue dictada en apelación, ya que en primera instancia le fue negada.

Jayta fue enviado al penal de San Sebastián y Osinaga a la cárcel de San Pablo de Quillacollo. En varias ocasiones solicitaron defenderse en libertad en una audiencia de apelación de medidas cautelares.  

Orozco señaló que la actuación del Ministerio Público es muy lenta porque pidió ampliación para la investigación por 50 días, plazo que se venció la pasada semana. Se supo que requirió otros 30 días adicionales. “Seguramente esa extensión de tiempo adicional fue observado por el juez porque está fuera de plazo y varias personas están con detención sin que siquiera haya acusación”.

Mencionó que su defendido, Eduardo Mérida permanece con detención domiciliaria desde hace un año y tres meses, “sin derecho a trabajo y viviendo de la ayuda de sus familiares”.

“Mi defendido denunció el caso y resulta que de denunciador pasó a denunciado. Solo una persona menciono en un audio y este ya declaró señalando que no hubo cobros”, dijo.

Mérida espera que en apelación le den permiso al trabajo. Pidió varias pericias. “Lo han implicado por una grabación en la que una persona dice que en la gestión de Mérida se habría cobrado el 5% en el desayuno escolar”.

Orozco señaló que la contratación para el desayuno escolar tiene varias instancias dedicadas al control.