Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 13 de noviembre de 2019
  • Actualizado 16:55

A CUATRO AÑOS DEL HECHO

Juez admite demanda civil por Bs 11.3 millones por puente caído

En octubre de 2018, la constructora planteó reponer la parte dañada del puente con aportes de todos los involucrados. La propuesta fue criticada y rechazada por la Alcaldía y por Castellanos.

Así luce el puente de la avenida Independencia, en la zona sur.	   AYAR WARI
Así luce el puente de la avenida Independencia, en la zona sur. AYAR WARI
Juez admite demanda civil por Bs 11.3 millones por puente caído

La demanda coactiva civil para el cobro de más de 11.3 millones de bolivianos contra la constructora Álvarez Ltda. y el supervisor de la obra, Nelson Vega, por el daño económico ocasionado al municipio con el colapso del puente de la avenida Independencia fue admitida por el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, informó la secretaria Jurídica de la Alcaldía de Cochabamba, Rocío Peñaranda.

El puente cayó el 22 de octubre de 2015 y fue entregado en diciembre de 2014. El proceso de contratación estuvo a cargo del exalcalde Edwin Castellanos (MAS). La admisión de la demanda tiene fecha del 7 de octubre.

El hecho generó dos tipos de responsabilidad: una penal y otra civil.  El daño civil se repara a través del proceso coactivo fiscal.

El dictamen de la Contraloría General del Estado es el que determinó que existen indicios de responsabilidad en la constructora y en el supervisor. El objetivo de su análisis fue el cumplimiento o no del contrato.

Según la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, el proceso ingresa a la etapa judicial. Se espera que esta semana se emita la nota de cargo, que es un requerimiento de pago que emite el juez, para proceder a la citación (notificación) de los demandados. La constructora tiene domicilio legal en Cochabamba y Vega, en La Paz.

Una vez notificados, se inicia un periodo de 20 días hábiles, prorrogable a 30, para que presenten sus descargos y justificaciones. En esta fase pueden solicitar inspecciones y otras acciones, pero el municipio no debe probar nada porque ya cuenta con el dictamen de la Contraloría.

El siguiente paso es la emisión de la sentencia, que puede tomar hasta un año debido a la carga procesal en el juzgado a cargo. Si sale a favor del municipio, los demandados pueden apelar, lo que tomaría un par de años. Si la apelación no es aceptada pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que podría demorar otros dos años en revisar el caso.

Así, para la emisión del pliego de cargo y ejecución de la sentencia, podrían pasar al menos cinco años.

“Es un triunfo, un paso muy importante que se haya admitido la demanda”, manifestó Peñaranda.

Sobre el proceso penal, dijo que si bien ya se presentó impción contra siete implicados, entre ellos Castellanos, no avanza porque aún no se resolvió un incidente planteado por uno de los involucrados. Añadió que Jurídica ya envió un memorial a la Sala Penal Tercera solicitando que se dé prioridad al caso.

En octubre de 2018, la constructora planteó reponer la parte dañada del puente con aportes de todos los involucrados. La propuesta fue criticada y rechazada por la Alcaldía y por Castellanos.

Resarcimiento

La orden de ejecutar la sentencia para resarcir al municipio por el puente caído podría demorar al menos cinco años.