Jhasmani T., el abogado condenado a seis años y seis meses de prisión por secuestro y lesiones a un mecánico en Cochabamba ahora quiere llevar a la cárcel a periodistas del país acusándolos de difamación, calumnia e injuria.

Durante la jornada de este 22 de abril, al menos 13 medios de comunicación fueron notificados por el Juzgado de Sentencia Penal No. 9, a cargo de la juez Sofía Almanza Camacho, que dio curso a la demanda preparatoria de juicio penal contra periodistas de campo, editores y directores de medios de comunicación de Bolivia.

La instrucción de la jueza Almanza pide que los medios de comunicación entreguen todo lo publicado sobre Jhasmani T. acusado por varios casos. La documentación será utilizada contra los medios de prensa en un proceso por difamación, calumnia e injuria.

Ante la anunciada acción, la Federación de Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba emitió un pronunciamiento rechazando el inicio del proceso penal y pidiendo la revisión de la medida dispuesta por la jueza Almanza, 

La Federación pide también revisión de la medida dispuesta por la jueza.

En tanto, el Ministerio de Justicia se pronunció al respecto mediante un mensaje de Twitter: "Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el @MinJusticiaBol recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución".

INTENCIÓN DE JHASMANI

Jhasmani T. pide a la jueza que sus varios casos en la Justicia -nombra al menos siete- han sido ampliamente mediatizados por la prensa en notas de prensa que -señala- mellan su dignidad, exponen repetidamente aspectos de su vida personal, familiar y privado haciéndole "afirmaciones difamatorias, injuriosas" utilizando "calificativos peyorativos".

"Obligándome a asumir las acciones legales que la ley le faculta contra las personas que título de libertad de prensa únicamente se han dado a la tarea de desprestigiarme y atacarme públicamente", justifica.

Jhasmani, pide a la jueza que los medios de comunicación otorguen copias de todo lo publicado sobre él desde julio de 2018 hasta 2021. La jueza Sofía Almanza dio curso a esta solicitud y notificó a al menos 13 medios de comunicación para que en un plazo entreguen la información solicitada que básicamente se relaciona a nombres completos de periodistas de planta, editores, directores y toda persona que tuvo que ver con la edición y titulación de las notas.

Frente a las notificaciones judiciales, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba se pronunció rechazando y lamentando la decisión.

“Jhasmani T. argumenta que fue acusado falsamente en los medios, sin embargo, su caso, por el que es acusado de extorsión, agresiones y dirigir un consorcio de juristas y fiscales, fu cubierto por todos los medios al generarse noticias de conocimiento público”, señala la nota de la FSTPC.

La Federación "rechazó la decisión de la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, al acceder a la petición del abogado sentenciado Jhasmani T. de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información con el objetivo de iniciarles un proceso por difamación, calumnia e injuria", dice el pronunciamiento.

La FSTPC recuerda a la jueza que está vigente la Ley de Imprenta que es la jurisdicción que compete para juzgar a periodistas acusados de cometer supuestos delitos de imprenta. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 106, inciso II, establece que los periodistas ejercen su labor “mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

 EL CASO POR EL QUE RECIBIÓ SENTENCIA

El Tribunal de Sentencia número dos de Quillacollo condenó a 6 años y seis meses al abogado Jhasmani T., quien fue hallado culpable por el secuestro y lesiones en el caso del mecánico Juan Antonio Cuéllar. La sentencia se cumple en el penal de San Sebastián varones.

El juicio oral por el “caso mecánico” comenzó el 17 de noviembre de 2020 y se dictó sentencia condenatoria este 25 de febrero de 2021.

El 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes.

Cuéllar fue obligado a firmar un documento en el que admitía la devolución de 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotografías contando billetes, junto a los dueños de la propiedad, pero no recibió ni un dólar.

La víctima, tras escuchar el fallo, expresó su descontento puesto que pedía la pena máxima para los implicados en su secuestro y torturas. Señaló que pedirá garantías porque teme por su integridad y la de su familia.

“Sigo corriendo riesgo porque son seis años de cárcel y después dónde voy a acudir. Esperaba que le den más años por el delito cometido, pero esa es la determinación de los jueces. Ojalá que no salgan en unos meses”, manifestó.