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  • Diario Digital | miércoles, 14 de abril de 2021
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Investigación de nueva Terminal está en manos de Transparencia

El Concejo abrogó la ley de uso de suelo, norma en la que el alcalde José María Leyes se basó para aprobar el proyecto privado en terrenos de Jaime Veizaga. El Órgano Deliberante advierte que el Ejecutivo guardó silencio en informes obligatorios.
Investigación de nueva Terminal está en manos de Transparencia

Los mismos concejales y técnicos de la Comisión Segunda del Concejo Municipal que hace aproximadamente cuatro años aprobaron el cambio de uso de suelo, a una parte agrícola del Distrito 9 de la zona de La Maica para que se convierta en área de equipamiento, recomendaron abrogar esa ley.

La Comisión Segunda emitió un informe al pleno del Concejo detallando que después del 8 de septiembre de 2016, fecha en la que se aprobó la Ley 163/2020, el Ejecutivo incumplió compromisos y condiciones de fiscalización. En eso, hace poco se enteró que la construcción de la Terminal de Buses estaba adjudicada y en marcha.

En sesión del 30 de marzo pasado, cuatro concejales votaron por la abrogación: Rocío Molina, Celima Torrico (por el Movimiento Al Socialismo), Edwin Jiménez (UNICO) y Carlos Coca (Demócratas). Hubo tres abstenciones. 

El concejal Sergio Rodríguez explicó que se abstuvo de votar porque quiere que se construya una Terminal. Consideró que es un proyecto de desarrollo importante y que se debería emular la acción de la Alcaldía de Potosí que recibe anualmente 3 a 5 millones de bolivianos por la administración de la Terminal que construyeron invirtiendo 22 millones de bolivianos.

Pero no está de acuerdo con lo planteado por el alcalde José María Leyes (Demócratas) que impulsa la construcción de una Terminal de Buses privada.

Consideró que el cambio de uso de suelo aprobado en 2016 por el Concejo “nada tiene que ver con que la Terminal sea privada o pública”. 

Se acordó, dijo, que si el propietario (Jaime Veizaga) tenía 20 hectáreas debía ceder a la Alcaldía aproximadamente un 44%, es decir 8 hectáreas, para vías y áreas de equipamiento. En los restantes 60% del terreno el dueño podía urbanizar. “Que ceda esos terrenos a la Alcaldía y en esa área de cesión la Alcaldía tiene que construir la terminal. El privado no puede construir una terminal en sus 60% de hectáreas. La Ley ha hecho que se cambie de uso de suelo de agrícola a área de equipamiento, pero no le hemos dicho a Leyes: vaya y entréguele el predio para que haga un proyecto privado”.

Añadió que en sus hectáreas el propietario puede hacer lo que quiera y la Alcaldía debería construir la Terminal en su terreno cedido.

MOLINA La concejala Molina estableció varios puntos incumplidos desde el Ejecutivo que en 2016   presentó una propuesta de ley de “Reasignación de uso de suelo de área agrícola a área de equipamiento y usos especiales”.

De acuerdo al informe de justificación para abrogar la Ley 163/2016 presentada por la Comisión al pleno, “el proyecto era para emplazar una nueva terminal terrestre de pasajeros y carga articulada a la Nueva Ruta de Tráfico Pesado Interdepartamental e Internacional enmarcado en la Ley 165, la propuesta sustentada por el estudio de ir localización de la nueva terminal terrestre de pasajeros y carga aprobada mediante Resolución de Administrativa 002/2016, donde de acuerdo a antecedentes la propuesta planteada con una visión a largo plazo llega a ser una alternativa de solución a la problemática regional al contar con un predio, donde se puede emplazar una nueva infraestructura de estas características”.

En base a esa propuesta, el 8 de septiembre de 2016 aprobaron la Ley Municipal No. 163/2016 de la reasignación de uso de suelo de área de uso agropecuario a área de equipamiento y usos  especiales, que se refiere al predio de 24 hectáreas de extensión superficial ubicado en el distrito nueve del sector de La Maica.

La misma Resolución deja en manos del Ejecutivo el cumplimiento de la disposición segunda que señala: “El órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar estudios de ‘planes específicos e integrales de ocupación y de uso de suelo’ y otro dentro del marco legal vigente que prevean la adecuada implementación del equipamiento a ser emplazado en el predio mencionado en el artículo primero de la presente ley”.

Como ente fiscalizador, el Concejo solicitó en tres oportunidades informe al Ejecutivo, pero no hubo respuestas.

La concejal Molina explicó que uno de los elementos fundamentales de la Ley 163/2016 era la condición del envío de un plan de uso porque al tratarse un terreno para “usos especiales” necesitamos saber bajo qué parámetros se iba a manejar el plan urbanístico. 

En marzo, el Concejo emitió una resolución conminatoria dando al alcalde Leyes 72 horas para que responda a las cuestionantes. “El febrero pasado se le ha un pedido de informe oral que no ha sido respondido. Por tanto tomamos de decisión de abrogación”.

ALCALDE A TRANSPARENCIA Antes de declararse la emergencia sanitaria y la cuarentena en Bolivia, el Concejo Municipal envió todos los antecedentes del caso al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

“Antes habíamos delegado la facultad de fiscalización a Transparencia Municipal para que investigue y ver si ha existido omisiones a los procedimientos, pero tampoco ha respondido. Entonces lo que corresponde es que el Viceministerio de Transparencia fiscalice. Queremos saber   cómo se han realizado las gestiones internas, pero también fiscalice porqué Transparencia municipal no ha tomado cartas en el asunto”.

Molina consideró que Leyes deberá poner en orden toda la información y si es que quiere emplazar la terminal de buses en ese predio debe elaborar el plan que le manda la ley y nuevamente iniciar los trámites correspondientes.

Transparencia debe investigar los procedimientos por los cuales se ha aprobado planos para la construcción en la Subalcaldía Itocta (de la zona sur). “Es decir, durante todo este tiempo hemos tenido el silencio del Ejecutivo. No ha tenido la capacidad ni de plantearnos el plan ni de respondernos qué es lo que se iba a emplazar en ese predio de uso de suelo. Ha vulnerado todos los plazos posibles de fiscalización. Incluso el Concejo podía iniciar un proceso por incumplimiento de deberes, pero aún no lo ha hecho”.

Molina aclaró que los concejales quieren para Cochabamba una Terminal de Buses. “Pero se entiende que debería ser en predio municipal. Estamos para defender una propiedad que tiene que corresponder al municipio. Estas siete hectáreas (de cesión) debería haber pasado a nombre de la Municipalidad. Que se emplace en ese terreno la terminal ya es elección de las autoridades, pero nuestra visión es fiscalizar este tipo de cesiones en beneficio de los cochabambinos”.

Otro elemento que quedaba colgado en esta historia es el rol del Ministerio de Obras Públicas. Durante el Gobierno de Jeanine Áñez el ministro Iván Arias convocó a una reunión de instituciones para tratar el lugar dónde se emplazaría la nueva Terminal. “La reunión ha quedado en suspenso; sin embargo, la Alcaldía tomó su propia decisión”. 

Hoy el tema está en manos del Viceministerio de Transparencia para el inicio de la investigación.

CONCEJAL JIMÉNEZ El concejal Edwin Jiménez también advirtió falta de respuestas e información. “Hemos mandado resoluciones durante siete meses al Ejecutivo y no ha cumplido con la disposición segunda que era presentar un estudio especial y a detalle sobre uso de esas áreas, sobre la cantidad de cesión que debía hacerse al Gobierno Municipal. Hay muchas dudas sobre el cumplimiento de la Ley General del Transporte (165), inclusive si el Ministerio ha dado alguna autorización, no ha llegado información. Pedimos información oral al Subalcalde de Itocta,  al director de Medio Ambiente, Catastro, de Ordenamiento Territorial, pero no asistieron, así que por todos esos temas los técnicos han dicho que la resolución de 2016 sea abrogada”.

Jiménez dijo también que el propietario del terreno también firmó un convenio con la propia Gobernación comprometiéndose a ceder más de 60.000 metros. “Hay muchos temas que los técnicos han visto”.