Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 19 de octubre de 2019
  • Actualizado 13:43

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HA REDUCIDO INVERSIONES EN BOLIVIA Y LAS ONG HAN TENIDO QUE INNOVAR PARA SOSTENER LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS.

Instituciones que luchan contra la violencia pelean por sobrevivir en la Llajta

Instituciones que luchan contra la violencia pelean por sobrevivir en la Llajta



“Hemos estado a punto de apagar las luces varias veces en los últimos meses, pero tenemos la camiseta de la lucha contra la violencia en el corazón y seguimos de pie porque tenemos un directorio que nos alienta y un sinfín de mujeres que nos necesitan”, admite la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, al referirse a las dificultades económicas que atraviesa esa institución desde que la cooperación internacional redujo sus inversiones en Bolivia.

La Oficina Jurídica no es la única que pasa momentos difíciles. Varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el ámbito del desarrollo humano y en contra de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, los niños y otros sectores vulnerables del país, han visto drásticamente mermados los recursos provenientes del exterior debido a varios factores que han motivado el retiro progresivo de la cooperación internacional.

Este diario habló con representantes de estas instituciones, quienes contaron cómo les está afectando la falta de financiamiento para cubrir salarios de sus trabajadores, gastos de oficina y los mismos proyectos cuya misión es servir a la gente. Algunos prefirieron mantener el anonimato en sus declaraciones porque creen que “en este tiempo todo se politiza y no necesitamos confrontación, sino recursos porque la pobreza y las necesidades de desarrollo humano no han desaparecido”.

En 2010, el Banco Mundial declaró que Bolivia dejó de ser un país de renta baja y pasó a ser uno de renta media porque el ingreso per cápita ya no es inferior a los 1.000 dólares, sino que está por encima de los 1.100 dólares anuales. La cooperación internacional busca países de renta baja para invertir en proyectos de desarrollo humano y como Bolivia ya es de renta media, no está entre sus objetivos.

Julieta Montaño dijo que la mayoría de las fundaciones y ONG de la sociedad civil están “casi reducidas a su mínima expresión” porque la mayoría de las agencias de la cooperación abandonó el país y las que se quedaron han optado por redireccionar los recursos que antes iban a las instituciones de la sociedad civil hacia el Estado, para que éste ejecute los proyectos a través de ministerios y movimientos sociales.

“Esto ha hecho que las instituciones que durante décadas trabajamos por los derechos humanos, ahora estemos muy limitadas para desarrollar esas actividades. Las que aún estamos en la lucha, lo hacemos por pura militancia”, dijo. La Oficina Jurídica para la Mujer, por ejemplo, ofrecía los servicios de cuatro abogadas a tiempo completo. “Ese personal se redujo a dos abogadas a medio tiempo (una en Quillacollo) y yo que hago de abogada litigante, de directora e interlocutora con otras organizaciones”, explica Julieta Montaño. En el área educativa contaban con tres pedagogas pero ahora solo tienen una. Tenían dos psicólogas, una a tiempo completo y otra a medio tiempo, pero ahora tuvieron que quedarse con una sola. “Nuestro equipo ha quedado limitado y eso nos impide abarcar las provincias. Ya no podemos movilizarnos e ir a Aiquile, a Punata, a Mizque, al Chapare, como hacíamos antes”. Esta situación no solo afecta a las mujeres víctimas de violencia a las que se priva de estos servicios, sino a la misma justicia que se nutría de nuevos enfoques y formas de ver la realidad, como las perspectivas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las Naciones Unidas.

Otros factores que incidieron en que las agencias de cooperación busquen invertir en proyectos de otros países son: la exigencia del pago del doble aguinaldo que no estaba previsto en proyectos que ni siquiera tienen fines de lucro y el “trato hostil” que se le dio a algunas agencias que fueron sindicadas de intromisión en asuntos internos. “Los proyectos solo prevén el pago de salarios y de un aguinaldo. Con la obligatoriedad de pagar incrementos y un segundo aguinaldo cuando ni siquiera tenemos utilidades, nos vemos obligadas a prescindir de los servicios de alguien para el próximo año, y así hasta que no nos quede más que apagar las luces y cerrar las puertas”, describió Montaño.

Luego aclaró que si bien una ONG jamás podría competir con el Estado, sí le nutre de experiencias exitosas para que pueda replicarlas. “Las ONG somos laboratorios pequeños que le permiten al Estado ya no tropezar en grande, sino aprender de nuestras experiencias para avanzar”.

Según Julieta Montaño, la mayoría de las ONG y fundaciones que componen la Red contra la Violencia están enfrentando dificultades económicas. “Muchas están dejando la asistencia jurídica, haciendo talleres, consultorías u otras actividades que les permitan obtener ingresos para poder pagar alquileres y salarios”.

La misma Oficina Jurídica para la Mujer, situada en la calle La Paz y Costanera, debe pagar un alquiler de 800 dólares además de los salarios del reducido personal que tiene. “Nos invitan individualmente a hacer consultorías o a dar talleres y ese dinero lo usamos para pagar todas estas obligaciones”.

De acuerdo a la Ley 348, algunas empresas que invierten en responsabilidad social han empezado a requerir los servicios de la Oficina Jurídica para implementar talleres contra la violencia entre sus trabajadores. “Por el momento, esto y las consultorías individuales nos están ayudando a sobrevivir”.

A fines del año pasado, Julieta Montaño recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje que honra a personas que demostraron un valor excepcional y liderazgo en la defensa de los derechos humanos. Si bien el premio era una plaqueta, una organización de mujeres que asistió al evento quiso reconocer el trabajo de Montaño con la entrega de dos mil dólares.

“Todo el dinero ingresó a la cuenta de la Oficina para poder pagar salarios”, comentó la premiada.

Bolivia, país “de renta media”



Banco Mundial

En agosto de 2010, el Banco Mundial anunció que Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios, lo que le permitiría

acceder a las mismas líneas de crédito y el trato que reciben Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros. El cambio se produjo porque el ingreso per cápita de Bolivia estaba por encima de los $us 1.100 anuales. Cuando tenía un ingreso per cápita inferior a los $us 1.000, Bolivia hacía grupo con países como Nicaragua, Honduras o Haití.

La desigualdad persiste

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza extrema ha bajado en Bolivia de 41,2 por ciento en 1996 a 32,7 por ciento en 2008. Sin embargo, los mismos datos indican, según el analista económico Armando Méndez, que este índice está por debajo de la media latinoamericana y que las desigualdades en la distribución del ingreso persisten en Bolivia. “No significa que el país esté mejorando en cuanto a la pobreza, pues en el área rural se encuentra la población más pobre”.

La cooperación internacional se va y el Estado no cubre necesidades

“Desde hace un par de años, la situación para las ONG que trabajamos en temas de desarrollo humano se ha tornado muy delicada”, reconoció la directora de una institución importante que pidió mantener en reserva su nombre. La autoridad cree que en estos tiempos, “en los que todo se politiza sin razón”, es mejor aclarar que no se busca la crítica ni la confrontación, “sino revelar que las necesidades de inversión económica en proyectos de lucha contra de violencia son imperiosas en un país cuyos índices de maltrato no han disminuido pese a la Ley 348 y el Estado no está supliendo los vacíos dejados por la cooperación internacional”. La directora acotó que en este momento hay mucha competencia entre ONG independientes y las redes de movimientos sociales afines al Gobierno, para ganar las convocatorias de proyectos de desarrollo humano. “Lógicamente, aún sin experiencia en la temática, los movimientos sociales tienen cierta prioridad y se ha vuelto más difícil conseguir financiamiento”.

En términos macroeconómicos, Bolivia es un país de renta media, pero en la vida real la pobreza no ha desaparecido y continúa existiendo una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza.

“Nosotros lidiamos con esa pobreza a diario. Hacen falta muchos proyectos y manos para trabajar. Las necesidades son demasiadas, pero con la lectura de que somos un país de renta media, lo único que se ha logrado es que la cooperación internacional se vaya y el Estado no está destinando recursos para sostener estos proyectos de desarrollo humano”.

El director de una red que trabajaba con niños en situación de calle, abandonados y violados también pidió guardar su nombre. “Nosotros teníamos un proyecto aprobado por siete años, con la posibilidad de que se amplíe por los buenos resultados logrados, pero los dobles aguinaldos que no estaban previstos nos desestabilizaron y esto sumado a las restricciones impuestas a las agencias han hecho que éstas decidan ya no ampliar el proyecto. Estamos cerrando en unos meses, lamentablemente”, comentó.

Crean fuentes de ingresos para sostener proyectos

El director ejecutivo de Infante: Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, Miguel Gonzáles, cree que los recursos de la cooperación internacional se van a reducir más drásticamente aún y por ello en esa institución desarrollaron iniciativas destinadas a solventar los programas de atención a niños, niñas y mujeres adolescentes y adultas para la restitución de sus derechos.

Por ejemplo, han puesto en marcha iniciativas como Musas Quilla, que atiende eventos sociales con servicio de comida, masitas, bocaditos, alquiler de salón. Además, Musas Quilla ofrece Café Mujer; un Spa de masajes terapéuticos, baile, gimnasio, teatro. De igual forma, tienen una unidad educativa Montessori en Linde donde se enseña a los niños a romper con los roles de género; una revista digital, una productora de radio que hace jingles y otras actividades que les permiten obtener recursos para seguir trabajando con las mujeres, adolescentes, niños y niñas víctimas.

“La cooperación internacional ha decidido redireccionar los recursos hacia países de renta baja como África. Esto, sumado a que existe una voluntad política de que el financiamiento para Bolivia no vaya a las ONG de la sociedad civil, sino que pase por el Tesoro General de la Nación, ha causado que los recursos se compriman cada vez más”.

Gonzáles explicó que por años las ONG trabajaron instalando capacidades en las instituciones públicas, pero el proceso no ha logrado arraigarse debido a la gran fluctuación de personal en el Estado.

“Es difícil esperar que las instituciones dedicadas a desarrollo humano y que son dependientes del Estado cumplan su rol porque son las más vulnerables a la improvisación, a diferencia de reparticiones como la de hidrocarburos o finanzas”. El director de Infante cree que es necesario analizar con qué criterio se define a Bolivia como país de renta media. Explicó que a nivel de indicadores macroeconómicos, la infraestructura puede ser un tipo de análisis, pero el segundo nivel de análisis es la calidad de la atención y las instituciones públicas encargadas de la niñez o de las mujeres tuvieron y siguen teniendo un personal insuficiente que fluctúa de acuerdo a los movimientos políticos y no se especializa.

Generalmente, estos funcionarios son contratados por consultorías o de forma eventual. Por tanto, desde su perspectiva, si Bolivia es un país de renta media, no es porque la calidad de atención a sectores vulnerables haya mejorado, sino por el área de la infraestructura. “Se pueden hacer más canchas, pero mientras no se vele por la calidad académica, el aprendizaje y las políticas de atención surjan de los datos disponibles únicamente, sigue existiendo una desproporción entre la infraestructura y la respuesta del Estado”.

Gonzáles contó que ya en 2010, Infante se percató de lo que venía y perfiló un plan estratégico 2011-2017 para poner en marcha iniciativas económicas “que nos reporten ingresos para subvencionar los proyectos no sostenibles”.

Otra de esas fuentes es la Escuela de Generación de Saberes, que se encarga de hacer investigaciones, consultorías, asesoramientos de tesis de grado, de posgrado y otros.

Sin embargo, el pago del doble aguinaldo también ha golpeado a Infante. “Las ONG no buscamos lucro, sino recursos para seguir ayudando y ha sido fatal este pago no previsto, para nuestra economía”.