A poco más de dos meses del enfrentamiento entre cocaleros y fuerzas de seguridad en Huayllani (Sacaba), los heridos y los familiares de los nueve muertos lamentan que la indemnización de 50.000 bolivianos fijada por el Gobierno no se haga efectiva. Afirman que cubren costos con kermeses y aportes del exterior. Hay cuentas hospitalarias de hasta un cuarto de millón de bolivianos.

Este medio intentó infructuosamente contactarse con el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, para conocer las razones por las que aún no se entrega la indemnización establecida en el  Decreto 4100 del 5 de diciembre de 2019.

La convocatoria del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) los reunió ayer en la zona. Fueron citados los testigos y heridos para ayudar a esclarecer los hechos. 

El director nacional del IDIF, Andrés Flores, informó que un equipo multidisciplinario en criminalística realizará por dos días pruebas de balística reconstructiva, planimetría, fotografía forense y recolección de evidencias en el sector.

Explicó que el objetivo es establecer científicamente la posición final de los cadáveres para determinar de dónde salieron los disparos. El IDIF hizo nueve autopsias a personas que presumiblemente fallecieron en esa zona. Algunos testigos refirieron dónde fue hallado uno de los fallecidos. El Defensor del Pueblo reportó que hubo 115 heridos.

PARALÍTICO Julio Pinto Mamani (49) recibió un balazo en la cabeza y está internado desde noviembre en una clínica de la zona noreste. Su hija cuenta que ya pagaron 224.000 bolivianos por la atención médica y aún deben 41.000. 

Piden ayuda porque tenerlo internado es muy costoso para la familia, que prefiere tenerlo en casa y pagar atención externa. Su hija cuenta que la mitad de su cuerpo está paralizada, no puede caminar y tampoco hablar, solo mueve los ojos. Le operaron la cabeza y a medio año deben hacerle otra cirugía para ponerle platino.

Pinto pertenece al Sindicato 2 de Junio de Villa Tunari y otro pariente dice que pagaron las cuentas médicas con kermeses y con ayuda de “residentes en el extranjero y organizaciones que se han solidarizado”, pero no recibieron “ni un centavo” del Gobierno.

CAÍDO EN EL SITIO “No queremos los 50.000 bolivianos, queremos que los culpables entren a la cárcel”, pidió llorando Angélica Calle Siles, hermana mayo de Omar (26).

Cuenta que son del Sindicato Ibuelo, en Shinahota, y que llegaron en noviembre a protestar “cansados de tanta humillación”.

En medio del enfrentamiento, su hermano recibió un balazo que entró por la columna y se alojó en el corazón. “Murió instantáneamente, sus amigos le han auxiliado”.

Sosteniendo el retrato de Omar, llora desconsoladamente porque ya no hay quien ayude a su padre a trabajar su chaco y su sobrino de 5 años quedó huérfano.

“Hemos pasado Navidad sentados en su tumba, comiendo panetón, igual Año Nuevo. Queremos que haya justicia”.

SOBREVIVIENTE Zenón Clemente (42) muestra las heridas dejadas por las balas en su hombro y espalda. “Me dieron al lado derecho, quise escapar y por atrás másme han dado, la bala salió por el hombro. Estaba tendido en el suelo, una chica y una señora han pasado, la chica me ha llevado donde los policías. Querían terminarme, pero la chica se ha atajado, de ahí en camilla me han llevado”.

Cuenta que es agricultor de la Central Majo Pampa de Shinahota. Salió de la clínica hace dos semanas, donde le pusieron platino en el hombro. La cirugía le costó 16.500 bolivianos y deberá pagar otros 8.000 para que le saquen el metal  cuando termine de sanar, pues le molesta y no puede manejar el brazo.

“No estoy trabajando, mi chaco está abandonado. Tengo cuatro hijos. Mi sindicato nos está ayudando con dinerito”.

El decreto señala que la indemnización será otorgada “a los hijos, al cónyuge o conviviente, debidamente legitimado, o en su defecto a los padres”. 

Los recursos provendrán de incautaciones al narcotráfico y al contrabando.