El juicio en contra de exautoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba por el Hospital del Niño concluyó con la liberación de culpa y pena del exalcalde Gonzalo Terceros y otros tres ex funcionarios públicos.

La sentencia, que se dio a conocer el 15 de julio, también establece una condena para el supervisor y el fiscal de la obra.

El secretario de Asuntos Jurídicos del municipio, Orlando Vargas, informó de la apelación a la decisión por considerarla injusta. A su vez, se refirió a las próximas medidas que tomará la gestión de Manfred Reyes Villa, en busca de la recuperación del daño económico y establecer la responsabilidad civil. Se sugiere una auditoría a la licitación pública de la obra gruesa de este hospital que está abandonado desde hace 11 años.

“No vamos a permitir impunidad en nuestra institución, estamos considerando procesos administrativos y penales contras las últimas dos gestiones”, manifestó.

Se refirió a la gestión del exalcalde Edwin Castellanos (2010-2014) y José María Leyes (2015-2019), este última compartida con Karen Torrez e Iván Tellería.

La denuncia fue hecha en la gestión de Leyes por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.

El juicio oral se desarrolló durante siete días, en el mes de abril, en la gestión de Leyes y la notificación con la sentencia se realizó el 15 de julio. La Alcaldía tiene hasta el 5 de agosto para la apelación.

Para Vargas, la defensa no fue bien planteada toda vez que no se consideraron los aspectos técnicos. 

LA RESOLUCIÓN

El Tribunal de Sentencia N° 1 estableció, por votación unánime, declarar al exalcalde Gonzalo Terceros “libre de culpa y pena” de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, lo que significa que tiene una sentencia absolutoria porque la prueba fue insuficiente.

La misma sentencia se aplicó al responsable de la ejecución de la obra, Gustavo Valdiviezo, representante legal de la empresa Consval, acusado por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. 

El proyectista Felipe Beltrán recibió la misma sentencia. Estaba procesado por el delito de incumplimiento de deberes.

En los tres casos también se dispuso la cesación de las medidas cautelares.

El supervisor de la obra, Oscar Cortez, fue sentenciado a tres años y seis meses de privación de libertad en el penal de San Sebastián al ser declarado culpable de conducta antieconómica.

El fiscal de la obra Julio Pasquier fue condenado a un año de cárcel por incumplimiento de deberes en el mismo centro de reclusión.

“La sentencia está deslindando de toda responsabilidad penal al anterior alcalde Gonzalo Terceros con el argumento de que deriva las obligaciones a los secretarios, pero en la ley no señala esto”, agregó.

Recordó que la máxima autoridad es quien hace el seguimiento del proyecto en base a una planificación, la misma que a su parecer estuvo errada después de la primera instancia que es la obra gruesa y que continuó con el diseño del helipuerto.

“No puede un alcalde liberarse de responsabilidad, así lo establece la ley. Puede delegar funciones, pero no la responsabilidad ante un acto irregular”, concluyó.

El alcalde Reyes Villa lamentó que a esta obra, que demandó una inversión de 6 millones de bolivianos no se le pueda dar ni siquiera un uso administrativo por lo que se proyecta su demolición.