La ministra de Comunicación Roxana Lizárraga garantizó ayer que esa cartera de Estado será parte coadyuvante en los procesos por agresiones a periodistas de parte de grupos de choque, en Cochabamba. El constitucionalista José Rivera recordó que la defensa de la sociedad y la conservación del orden público son tareas de la Policía, que también debe intervenir ante el surgimiento de grupos irregulares.

OPINIÓN denunció ayer el amedrentamiento con arma a un periodista que cubría la vigilia para selección de vocales electorales. Un sujeto actuaba junto al grupo Resistencia Juvenil Cochala y mostrando la cacha del arma que llevaba en la cintura quiso evitar que se registren imágenes de la gresca con afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“El Ministerio de Comunicación puede convertirse en parte coadyuvante (...). La prensa, sobre todo en Cochabamba, está siendo muy presionada por grupos afines al MAS y también de la otra parte, que ha cometido hechos”, manifestó ante el informe de agresiones presentado en su despacho, en La Paz, por el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), David Ovando.

El informe registra más de 35 agresiones físicas y verbales desde que comenzó el conflicto poselectoral hasta la fecha. Ovando explicó que hay cuatro denuncias admitidas, puesto que otras fueron desestimadas.

Lizárraga señaló que en el Trópico hay tres periodistas en la clandestinidad, aunque sin dar mayores detalles. También facilitó el contacto de la FSTPC con el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría.

Manuel Villarroel, coordinador de despacho del Ministerio de Comunicación, pidió los números de registro de cada denuncia admitida para que esa cartera se presente como coadyuvante y pueda “coordinar una investigación efectiva y justa” ante lo que considera “un acto delincuencial gravísimo”.

IRREGULARES Rivera recordó que el Estado cuenta con dos fuerzas públicas que son el Ejército y la Policía, al margen de las cuales no pueden organizarse grupos de otra índole, como la policía sindical (impulsada en el Gobierno del MAS) u otros como Resistencia Juvenil Cochala, que entró en escenario últimamente.

Dijo que si bien surgieron grupos de jóvenes que se organizaron para proteger a la ciudadanía ante la arremetida de organizaciones sociales afines al MAS, que buscaban mediante la violencia levantar los bloqueos pacíficos en defensa del voto, fue al calor de una coyuntura. Superado el conflicto, no deben existir.

“La misión de las Fuerzas Armadas y de la Policía está definida en la Constitución, cualquier grupo que se atribuya sus funciones es un grupo irregular”.

Señaló también que la Policía debe cumplir con su rol de preservación del orden público y desarticular estos grupos que asumen conductas que están tipificadas como delitos en el Código Penal.