La Fiscalía Departamental de Cochabamba anunció la apertura de un proceso penal, de oficio, contra ocho policías por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos nacionales, determinación que fue saludada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox.

La autoridad señaló que esta decisión también va acorde al informe de la Fiscalía policial que determinó que los mencionados servidores públicos no sólo merecen procesos disciplinarios, sino penales, al haber cometido varios delitos durante el motín policial y las movilizaciones de 2019.

Frente a la determinación de la Fiscalía cochabambina, Guadalupe Cárdenas convocó a sectores radicales como las plataformas "21-F" y a las "resistencias" a apoyar a los policías en sus audiencias.

Ante estos hechos, Cox cuestionó que supuestas organizaciones de familiares de policías pretendan, bajo actos de presión, impedir y obstaculizar la prosecución de juicios penales "contra malos efectivos" que usaron la institución del orden para intereses particulares e irregulares, como el apoyo al golpe de Estado.

"Como defensor de derechos humanos hace dos décadas, lamento mucho que aparezcan personas como Guadalupe Cárdenas, convocando a movilizaciones y conflictos bajo el rótulo de "Embajadora de los derechos humanos", cuando no existe en su trayectoria una sola acción por la cual se pueda merecer semejante denominación", dijo.

Asimismo, exigió la mayor transparencia para el procesamiento de los uniformados.

El fin de semana, el Tribunal Disciplinario de la Policía dispuso las bajas definitivas del teniente coronel Nelson Flores, exmiembro de la UTOP de Cochabamba, cuyos efectivos se amotinaron el 8 de noviembre de 2019, y de Vladimir Calderón, excomandante de la institución del orden, por pedir la renuncia de Evo Morales.