La Fiscalía inició las investigaciones sobre los sucesos de Huayllani, donde el 15 de noviembre murieron nueve personas en el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y cocaleros, en medio del conflicto surgido tras la denuncia de fraude electoral y la dimisión del expresidente Evo Morales.

Una comisión integrada por funcionarios de la Fiscalía, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de Bomberos realizó una inspección que comenzó en el retén de Huayllani, camino a la Sacaba, en busca de evidencias y como parte del trabajo, marcaron los orificios dejados por proyectiles cuya procedencia se desconoce. 

Solo cerca al retén, este medio pudo evidenciar que hay más de 15 agujeros sobre postes, muros, puertas, árboles y las jardineras de concreto de la avenida Villazón, cuya procedencia se investiga.

Según el reporte de Red UNO, la comisión también visitó las oficinas de las FELCC y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que fueron quemadas en Sacaba, después del motín policial que se sumó al pedido de la ciudadanía que exigía la renuncia de Morales. 

EL ALTO El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Fernando Condori, informó ayer a ABI que esa organización firmó un acuerdo con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, para iniciar una investigación de los hechos violentos suscitados en esa ciudad y para liberar a las personas detenidas injustamente.

Condori manifestó que otro de los puntos del acuerdo es el resarcimiento económico a las familias de las 11 personas que murieron en el conflicto en la planta de Senkata.

Añadió que el Ministerio de Finanzas mostró apertura y disposición para la reprogramación de créditos para los comerciantes, impagos por los días de conflicto. Sin embargo, la Fejuve de El Alto continuará en estado de emergencia hasta que se libere a las 130 personas detenidas durante el paro y los bloqueos.

Sobre las investigaciones, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría dijo ayer que quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia no gozan ni gozarán de inmunidad, en el proceso de pacificación que vive el país, luego de casi un mes de disturbios originados por grupos irregulares.

"Las personas que tienen cuentas pendientes con la Justicia bajo ningún concepto gozan ni gozarán de inmunidad", dijo a los periodistas en relación a los actos de terrorismo y sedición que se registraron por más de un mes, según ABI.

Asimismo, indicó que "la inmunidad no es sinónimo de impunidad" y que los procesos investigativos que desarrolla el Ministerio Público serán coadyuvados por la Policía.

Respecto a los cargos contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, el Viceministro aclaró que no fue el Gobierno que dispuso su aprehensión, sino la Fiscalía de La Paz.