La Fiscalía General del Estado (FGE) cree que las irregularidades en las fallidas elecciones de octubre comenzaron incluso desde la contratación e impresión del material electoral. En medio del proceso, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso M. R., fue imputado por la presunta comisión de delitos electorales y ordinarios.

El Órgano Electoral es investigado tras las irregularidades señaladas en el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó una auditoría. 

El fiscal titular del caso, Ronald Chávez, citado en un boletín de prensa, dijo ayer que, aparentemente, desde el momento de procurar la adquisición de las boletas de votación y contratar a la empresa encargada de realizar la impresión de las actas, se identificaron irregularidades y observaciones. 

La FGE presume que el TSE adjudicó la impresión del material electoral a una imprenta; sin embargo, el trabajo se habría realizado en otra.

La Comisión de Fiscales que investiga las presuntas irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales presentó ayer la imputación formal en contra de Idelfonso M.R, por la presunta comisión de al menos 11 delitos electorales y ordinarios en el ejercicio de sus funciones.

Chávez dijo que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los vocales del TSE tenían obligaciones “ineludibles e inexcusables” para garantizar la transparencia de todo el proceso eleccionario.

Sin embargo, el informe de la OEA indica irregularidades en los cuatro elementos revisados, donde se evidenciaron anomalías que varían desde muy graves hasta indicativas. 

El Fiscal indicó que este aspecto estaba bajo tuición del ahora imputado al igual que de los otros vocales quienes, presuntamente, también fueron los encargados de diseñar el sistema de la cadena de custodia, que es seriamente observada por la OEA en su informe oficial.

De acuerdo a los indicios colectados, el Ministerio Público imputó a Idelfonso M.R, por los delitos electorales de falsificación de documentos y uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo. 

Además, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. 

Por los delitos atribuidos,  la FGE pedirá su detención preventiva en el penal de San Pedro, en un lugar diferente al exvocal Antonio C.S., quien se encuentra con detención preventiva.