Los nueve fallecidos en un enfrentamiento entre cocaleros y fuerzas de seguridad, los heridos como saldo del hecho, la quema de las oficinas de Tránsito de Sacaba, la destrucción y robo en la Estación Policial Integral (EPI) de ese municipio y el origen de los impactos de bala sobre una tanqueta de las Fuerzas Armadas están entre los cinco casos, ocurridos en Huayllani el 15 de noviembre, por los que la Fiscalía abrió procesos. 

Sobre las muertes, el fiscal de materia Richard Villaca, informó que hay trabas para avanzar por falta de información de los familiares y por la reticencia de los pobladores del Trópico a permitir el ingreso de miembros de la Policía hacia Sacaba, Colomi y otras zonas.

Dijo que, hasta la fecha, solo aparecieron los familiares de cuatro de las nueve víctimas.

Una dirigente cocalera que pidió guardar su nombre en reserva informó anoche a OPINIÓN que tienen previsto reunirse el lunes, a las 10:00, con su abogado, en Sacaba. Le entregarán documentos para que él haga la representación ante la Fiscalía.

Precisó que solo se presentaron los parientes de tres de los fallecidos. Explicó que ella es la encargada del seguimiento, pero no lo hizo porque los sindicatos de cocaleros llevan a cabo elecciones y posesiones en esta época, lo que la tuvo atareada.

Villaca manifestó que, si bien se hizo el registro en la zona, debido a la falta de información no pueden hacerse pericias como la planimetría porque no se sabe el lugar exacto donde cayeron los fallecidos, eso impide hacer la trayectoria de los disparos y otras actuaciones. Dicha información solo pueden proporcionarla quienes estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos.

Apuntó que en el caso de la EPI Sacaba hay avances y ya tienen datos sobre los autores e incluso el vehículo en el que se llevaron las armas robadas del laboratorio, de donde también se llevaron dinero. 

El fiscal departamental Oscar Terrazas, quien asumió funciones el 29 de noviembre, señaló que por los cuatro primeros casos se abrieron investigaciones de oficio, entre otros varios procesos, poniendo énfasis en el de los nueve fallecidos. Por el quinto caso (tanqueta), la investigación se abrió a denuncia del jefe de la Segunda Brigada Aérea, Oscar Armando Caba, por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y atentado contra organismos de seguridad. La tanqueta fue sometida ayer a estudios periciales para determinar el origen de los proyectiles, que se presume son de arma de fuego.