El exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos (autoridad entre 2010 y 2015), del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dos personas más plantearon resarcir daños en el caso del denominado "Puente Caído" y pretenden someterse a la justicia restaurativa.

Este miércoles 30 de marzo se instaló el juicio oral en torno al caso. Sin embargo, fue suspendido ante el planteamiento de tres de los siete implicados en el proceso. La nueva fecha establecida por la Jueza de Sentencia Número 3 es el 5 de agosto de 2022.

El tema hace referencia al paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto. El proceso es en contra de Castellanos, además de otras exautoridades, técnicos y responsables de la constructora. Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, cuando Castellanos ejercía como alcalde; y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararan desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos.

Pasaron más de seis años desde que colapsó el paso a desnivel.

Este miércoles se instaló la audiencia de juicio oral contra los siete acusados, entre ellos, el exalcalde Castellanos, el exoficial Administrativo de la Alcaldía Oswaldo D., el supervisor de la obra Nelson V., el exoficial mayor de Infraestructura Sergio R. y el fiscal de obra Óscar C., a quienes se les procesa por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antiecónomica.

De acuerdo con información otorgada por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), tres de los siete implicados decidieron someterse al programa de justicia restaurativa, “lo que implica que expresaron su interés de resarcir el daño que se habría ocasionado”.

Del total de los acusados, el exalcalde Castellanos, un responsable de la empresa constructora y el supervisor de la obra informaron a la autoridad jurisdiccional que presentaron en memoriales ante el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional solicitando someterse al programa de justicia restaurativa, en el marco de la ley 1395, y su protocolo. Es decir, que “de manera voluntaria, los tres decidieron resarcir el daño económico que se habría ocasionado dentro del presente caso”.

De acuerdo con la normativa, el Viceministerio es la instancia que determinará la viabilidad o no de la solicitud presentada por los acusados.

De ser viable y en caso de existir conformidad de las partes (que incluye al Viceministerio que activó el caso) y consensuado los alcances de la reparación del daño, se procederá a la elaboración del acuerdo restaurativo, el mismo que mediante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se pondría en conocimiento del Ministerio Público, instancia que emitirá el requerimiento de homologación ante el juez, quien posteriormente a la homologación determinaría la suspensión de la persecución penal hasta que se cumpla con la reparación del daño y finalmente la extinción de la acción penal.

“En caso de no ser viable la aplicación de la justicia restaurativa, el proceso podrá continuar”, aclara el Tribunal de Justicia.

Este tema determinó que la Jueza suspende la audiencia de juicio oral hasta el viernes 5 de agosto. Explicó que asumió esa determinación en función del cronograma de audiencias ya agendadas y en espera de que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción pueda emitir su pronunciamiento.

La Alcaldía de Cochabamba también es denunciante en este caso.

El secretario General de la Alcaldía, Henry Rico, manifestó que la justicia restaurativa “no debería ser aplicable” en temas referidos a daños económicos al Estado.

Expresó que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que los delitos cometidos por daño económico al Estado son “imprescriptibles”. “Pero, con la aplicación de esto, están buscando la prescripción“, cuestionó.