Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de enero de 2021
  • Actualizado 04:31

España da penas alternativas a 178 bolivianos en un año

Cometieron delitos de seguridad vial y violencia, entre otros. En ese país hubo 2.385 extranjeros que se beneficiaron con esa medida. 
Un grupo de personas pinta paredes grafiteadas de España, en cumplimiento del trabajo comunitario ordenado por las autoridades. EL ECONOMISTA
Un grupo de personas pinta paredes grafiteadas de España, en cumplimiento del trabajo comunitario ordenado por las autoridades. EL ECONOMISTA
España da penas alternativas a 178 bolivianos en un año

Durante un año, 178 connacionales que migraron a España fueron juzgados en ese país y recibieron medidas alternativas a la prisión.

 Un documento del Ministerio de Interior de España informa, de manera general, que todas las personas –españolas o extranjeras- que se libraron de ir a prisión cometieron al menos cuatro tipos de delitos vinculados a la seguridad vial, violencia de género, lesiones y atentado contra el patrimonio de ese país, entre otros.

 Los autores realizaron trabajos en servicio de comunidad, entre otras actividades alternativas a la cárcel.

En suma, 2.385 extranjeros obtuvieron esa pena, la mayoría tiene entre 20 y 35 años de edad.

DETALLES

Los migrantes sudamericanos que más conflictos con la ley tienen en ese país son los ecuatorianos y colombianos. Durante un año, 819 nacidos en Ecuador recibieron medidas alternativas a las rejas y hubo 649 originarios de Colombia que pasaron por la misma situación en un período similar.

 Los extranjeros con menos problemas son los chilenos y los uruguayos, de acuerdo con Ministerio Interior. Dentro de ese ranking, Bolivia está en una posición intermedia.

 En ese país, la Justicia es eficiente con el cumplimiento de las condenas, sean estas dentro o fuera de las prisiones.

 Los connacionales que recibieron medidas alternativas fueron citados a entrevistas en las que se definieron los “modos de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad” y esto sucedió en un lapso no mayor a los dos meses de la resolución judicial.

 Para garantizar el cumplimiento de la condena, las autoridades españolas realizan “visitas de verificación de cumplimiento”.