La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), junto a sus cámaras y asociaciones, informó esta mañana que Cochabamba tuvo una afectación económica de 1.500 millones de bolivianos, provocando que más de 890 mil empleos directos estén en riesgo y el cierre de 120 empresas legalmente establecidas. En ese sentido, dieron el plazo de 72 horas para que el alcalde José María Leyes y la gobernadora Esther Soria presenten su renuncia.

Ante la falta de planificación de las autoridades municipales y departamentales durante más de 110 días de cuarentena y emergencia sanitaria a raíz de la COVID-19 en el departamento, el presidente de la FEPC, Javier Bellott, dio a conocer la determinación del sector privado de dar ese plazo.

“Ayer hemos tomado conocimiento de una grabación donde se pone en evidencia la total ausencia de compromiso de todos los intereses colectivos de la región. A nombre de todo el empresariado de Cochabamba, se les hace conocer a la señora Gobernadora y al señor Alcalde, por favor den un paso al costado, es la más sana decisión que puedan tomar por el compromiso del departamento”.

Bellott lamentó que, a la fecha, el departamento tenga 300 decesos a raíz de la COVID-19 y evidenció la falta de acciones por parte de las autoridades de Gobierno de Cochabamba para subsanar esta situación.

“¿Qué pasó con el cementerio? ¿Qué se hizo con los sistemas de oxigenación? ¿Por qué no se preocuparon en cuidar a la población? Eso nos demuestra que no tenían y no tienen un plan. Lo peor de todo es que están sacrificando la economía de la región y de la gente”, lamentó.