Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 27 de octubre de 2021
  • Actualizado 21:29

Docentes piden a la FUD y CUD declararse en estado de emergencia por ley sobre ganancias ilícitas

Docentes Independientes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) afirman que la Ley N° 218/2021 materializaría una estructura de control y represión sobre los ciudadanos bolivianos a través del Conal.

Cámara de Senadores. Foto: ABI.
Cámara de Senadores. Foto: ABI.
Docentes piden a la FUD y CUD declararse en estado de emergencia por ley sobre ganancias ilícitas

Docentes Independientes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se pronunciaron en contra de la Ley N° 218/2021 Contra la Legitimación de Ganancias  Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas  de destrucción Masiva o No Convencionales porque materializaría una estructura de control y represión sobre los  ciudadanos bolivianos.

Además, pidieron a la Federación  Universitaria Docente (FUD) y a la Confederación Universitaria Docente (CUD) declararse en estado de emergencia y movilización hasta lograr la eliminación de dicho proyecto. 

“Dicho proyecto de ley es la continuación de una estrategia de instrumentalización de  la justicia para desplegar la represión contra toda persona que piense diferente al  esquema de gobierno, así como de copamiento y control de todos los poderes del Estado y de las denominadas organizaciones sociales”, indica el pronunciamiento. 

Asimismo, alerta que el proyecto de ley N° 218/2021 pretende controlar al conjunto de las personas naturales y jurídicas a través del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (CONAL), organización conformada por los  ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Transparencia Institucional y la Fiscalía General del Estado. 

“Parece, increíble que esta ley nos quite derechos que están consagrados en  la Constitución Política del Estado: por ejemplo, el de la intimidad y el derecho a ser  informados de que estamos siendo investigados en base a una orden judicial  emanada de una autoridad competente, el derecho al debido proceso, derecho a la  defensa y derecho a la propiedad privada”, concluyen.