Enrriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, cohecho activo, cohecho pasivo, obstrucción de la justicia, concusión y tráfico de influencias son los delitos por los que la asambleísta Lizeth Beramendi (ÚNICO) acusó ayer al diputado Lucio Gómez (MAS) ante la Fiscalía por los audios que revelan su participación en la crisis municipal desatada hace tiempo en Quillacollo.

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, aseguró que Gómez será investigado y que si tiene responsabilidad penal tendrá que asumirla.

La pena máxima por los delitos por los que se acusa a Gómez es de 10 años, según establece la Ley de Lucha contra la Corrupción.

“Formulo denuncia pública por corrupción contra Lucio Gómez”, manifestó Beramendi, quien la semana presentó más de 30 audios de WhatsApp que revelan que Gómez orquestó la crisis municipal en Quillacollo y que disponía sobre los nombramientos en cargos jerárquicos.

La voz del exalcalde Eduardo Mérida también se escucha, aludiendo a la influencia de Gómez en la Fiscalía, en una conversación con otros dos varones.

El exalcalde convocó a la prensa ayer y dijo que admite que es su voz, que habló con dos personas a quienes se les amplió la investigación por las denuncias contra el exalcalde Zacarías Jayta. “Creí que estaban ayudando (a luchar) contra la corrupción”, manifestó.

Tras conocerse los audios, Gómez dijo que era un montaje con su voz.

Beramendi incluyó como prueba un video, que dijo que fue dejado en forma anónima en su casa, en el que se observa a un supuesto funcionario de Quillacollo que recibe dinero en un sobre, aunque las voces no son audibles.

“Tengo entendido que ha sido distribuido ya a las autoridades del Ministerio Público y Transparencia hace meses. La pregunta es ¿por qué no se ha detenido a todos los involucrados en estos audios y videos si hay suficiente prueba de que se han venido cometiendo actos de corrupción en Quillacollo?”, cuestionó.

Según la asambleísta, las imágenes muestran a uno de los exdirectores de Educación de ese municipio quien habría recibido un soborno en la licitación del desayuno escolar. Se desconoce la identidad del presunto funcionario.

Beramendi pidió que se instruya al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que realice el peritaje para establecer a quiénes pertenecen las voces y las imágenes y procedan a detenerlos. “No podemos esperar que Gómez siga definiendo quién entra y quién sale en Quillacollo”, manifestó.

Veizaga recordó que la investigación por otros dos casos similares de audios que involucran a exautoridades y funcionarios de ese municipio está en reserva. Una vez que concluya ese periodo, el viernes, se conocerán detalles y se podrá procesar a los involucrados. “En mérito a los antecedentes, vamos a presentar las denuncias que correspondan”, dijo.