La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es parte de los actos de conmemoración de los 12 fallecidos en Huayllani, Sacaba, quienes fallecieron hace un año, luego de las elecciones generales de octubre de 2019. Aseguró que hubo limitaciones para llevar adelante las investigaciones del caso.

La autoridad calificó que el deceso de caídos en esa oportunidad fue producto de “una sistemática violación a los derechos humanos” y aseguró que tiene informes internacionales con los testimonios de las personas que estuvieron en esa oportunidad y los familiares de los extintos.

“El Gobierno transitorio se dedicó a encubrir todo lo que ordenó y apoyó para la masacre, además de no generar el espacio para que se llegue a un tribunal”, dijo la autoridad.

Cruz explicó que las autoridades, durante la presidencia de Jeanine Áñez, “no entregaron los planes de operaciones especificas cuando ocurrieron las masacres”, lo que tampoco otorgó la posibilidad de que pudieran conocer el listado de los efectivos que participaron en las represiones de la Policía y Fuerzas Armadas.

“Se han generado 37 afectaciones al derecho a la vida, de las cuales 27 se consideran como asesinatos de lesa humanidad. Asimismo, se registraron hechos de tortura, presión arbitraria, afectaciones a la dignidad de mujeres y hombres que estaban dentro de las movilizaciones”, declaró Cruz.