La Contraloría General del Estado emitió un dictamen que determina que la empresa Álvarez y el supervisor Nelson Vega tienen indicios de responsabilidad civil en el caso del puente que colapsó en septiembre de 2015 en la ciudad de Cochabamba. Los señalados fueron conminados a pagar los más de 11 millones de bolivianos que costó la obra.
El dictamen fue emitido el 22 de junio de 2019, pero fue revelado hoy por el concejal del MAS, Sergio Rodríguez, quien está siendo investigado porque fue Oficial Mayor de Infraestructura en la administración del exalcalde Edwin Castellanos.
 “Cuatro años han demorado en este informe y formalmente se hace un poco de justicia y verdaderamente se establece quiénes tienen responsabilidad civil en este colapso”, manifestó Rodríguez.
El concejal señaló que el dictamen obliga al actual alcalde suplente, Iván Tellería, a cobrar los más de 11 millones de bolivianos a la Empresa Álvarez y a Vega en el plazo establecido en el documento que señala 10 días a partir de la notificación.
El documento señala: “Las personas involucradas deberán proceder con el pago en el plazo de 10 días hábiles que correrá al día siguiente del día hábil de haberse notificación el Dictamen, caso contrario el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en el plazo de 20 días de haber recibido el dictamen y la notificación pendiente, deberá iniciar la acción coactiva fiscal”.
“En caso que se rehúsen a pagar debe iniciar el actual alcalde suplente un proceso coactivo fiscal, lo que significa que tiene que congelar sus cuentas a la empresa constructora, al supervisor de obras y si es necesario rematar sus bienes”, explicó Rodríguez.
Por su parte, el abogado de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte, dijo que el documento emitido por la Contraloría no se trata de un fallo o una determinación, se trata de un dictamen que solo establece indicios de responsabilidades y que las responsabilidades, como tal, se establecerán en el proceso judicial coactivo fiscal.
Asimismo, Iriarte señaló que se presentó una impugnación contra este dictamen por lo cual no puede ejecutarse. “Este dictamen es irregular, se ha tramitado mal y por eso está siendo susceptible de impugnación. Se va a anular este dictamen de la Contraloría porque se ha equivocado. La Ley dice que antes de notificar con el dictamen tiene que notificar con el informe complementario y no se ha cumplido con ese paso”, añadió el abogado.
El jurista manifestó que en pasados días se presentó la impugnación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.