El concejal del municipio de Cercado Edwin Jiménez aseguró que el conflicto de la basura en Cochabamba debe ser resuelto en la siguiente gestión edil, considerando que se debe contemplar las diferentes normativas que rigen en el país para la licitación y contratación de una empresa que haga el tratamiento de los residuos.

Esta postura surge luego de las declaraciones del vocero de la alianza Súmate, Mauricio Muñoz, quien manifestó el jueves que el Concejo Municipal y el Ejecutivo estarían haciendo la contratación de una empresa para el tratamiento de la basura y adelantó que se tomarían acciones legales.  

Jiménez aseguró que un proyecto de 20 años para el tratamiento de la basura "no se puede ser avalado por invitación directa” porque existen varias normativas nacionales que exigen una serie de requisitos.

“Con un gobierno municipal tan cuestionado por serios indicios de corrupción como el desayuno escolar, mochilas 1, 2 y 3, por entregar motorizados a la Policía y hacer la licitación luego de la entrega y la contratación de la comida para los efectivos del Verde Olivo durante la cuarentena, entre otros casos; no podemos permitir un contrato por dos décadas”, dijo.

Explicó que este proyecto de contratación de la empresa, para el tratamiento de la basura, fue analizado el 22 octubre de 2020 en el pleno del Concejo y se identificaron más de 17 irregularidades, lo que obligó a devolver al Ejecutivo solicitando un informe y explicación.

“El exalcalde José María Leyes lo que pretendía es que se apruebe un contrato de concesión administrativa por 20 años y durante ese tiempo se debía pagar entre 800 a 900 millones de bolivianos a una empresa denominada GEES”, dijo.

Jiménez también indicó que esa empresa no cumplía con los requisitos como la solvencia económica, experiencia específica y general para el tratamiento de residuos sólidos, conforme se establece en la norma en el país.

“Era una invitación directa que hizo el exalcalde Leyes sin una licitación internacional como debía ser, vulnerando la Ley Nacional de Medio Ambiente 1333, la Ley Nacional de Residuos 755, la normativa nacional de Adjudicación de Bienes y Servicios del sector público y el Decreto Supremo 0181. Es por eso que el Concejo, en octubre, no aprobó”, acotó.