La Fiscalía de Delitos Patrimoniales comenzó a citar a los contribuyentes que incurrieron en delito al beneficiarse de “pagos ilegales” que derivaron en el caso de corrupción y manipulación informática en la Alcaldía de Sacaba, informó la asesora jurídica del municipio, Graciela Fernández.

Acotó que inicialmente solicitaron información al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) de al menos 60 beneficiarios que estuvieran involucrados en las irregularidades. “Se ha ido notificando y se están tomando las declaraciones informativas a los contribuyentes, pero eso es competencia del investigador y estamos esperando los resultados. Aún no sabemos cuántas personas ya se presentaron ante la Fiscalía”.

La asesora señaló que para que exista un acto de corrupción tiene que haber dos partes. El que recibe y el que ofrece, en este caso, haciendo referencia a los exfuncionarios y a los contribuyentes implicados.

En la Resolución Administrativa 058/2019 se publicó una lista de 161 placas, esas fueron observadas por tributo “ilegal”. Del total, el 52 por ciento pertenece a vehículos pesados, de acuerdo a la revisión de características en el sitio web de Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). Según cercanos al proceso de investigación, ese dato es el “reflejo” de que hubiesen empresas dedicadas a la construcción involucradas en las irregularidades.

El caso de corrupción “salió a la luz” el 9 de enero después de que el alcalde Humberto Sánchez diera a conocer la conformación de una red de corrupción liderada por funcionarios, pero denunció a siete servidores el 27 de junio de 2018. Además, reveló que a través de un “funcionario fantasma” alteraban los adeudos impositivos por vehículos.

El Alcalde anteriormente mencionó incluso que pudo existir una alianza entre funcionarios y tramitadores. “Posiblemente (haya gente ajena). No vamos a tapar el sol con un dedo, hay servidores públicos que se han prestado. Eso se debe esclarecer y ver cómo operaban y favorecían a los tramitadores. Algunos ciudadanos, debido a la burocracia, van ante un tramitador, y éstos, en concomitancia con algunos servidores, hacían este tipo de trabajos fuera de la norma”.

Prevén que las declaraciones de los contribuyentes den “luces” de cómo operaba esa red de corrupción en la Alcaldía, además de identificar a servidores implicados.

El representante del Viceministerio de Transparencia en Cochabamba, Ever Veizaga, en una anterior entrevista, señaló que la norma sanciona a la persona que prometió o entregó una dádiva u otra ventaja a un funcionario público, pero también al servidor receptor. Señaló que actuarán conforme a la Ley No. 974 (de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción) y la Ley No. 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz).