La denuncia data de hace 10 años, aunque el problema es desde antes. La Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y también el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba buscan recuperar un terreno que hace décadas había sido donado en beneficio de la construcción de centros penitenciarios, centros de rehabilitación y centros de readaptación.

El caso Pro Cárcel se extinguió en meses anteriores, en 2021. Pero, la Procuraduría y las demás instituciones presentaron una apelación, y confían en poder recuperar los espacios.

En la actualidad, es un terreno donde avanza una construcción. Por otro lado, los vecinos se quejan porque aseguran que es un sector que da lugar a la delincuencia, por ser un sector vacío.

El responsable departamental de la Procuraduría General del Estado en Cochabamba, Ever Veizaga, informó que en el proceso concluyó el período de investigación, se presentó la acusación formal y se llegó al juicio. Pero, el Tribunal determinó prescribir la acción en favor de los imputados, con lo que el proceso se extinguiría. Sin embargo, todavía resta el resultado de la apelación.

HACE 87 AÑOS De acuerdo con los antecedentes, el 11 de mayo de 1935, Candelaria Novillo adquirió de María Irigoyen una fracción de terreno de 7.060 metros cuadrados (en la zona oeste de la avenida Juan de la Rosa). La compradora había declarado que esta adquisición era en favor de los presos hombre y mujeres; la condición era que nadie pueda vender el terreno. La transferencia había sido registrada en Derechos Reales.

El 20 de febrero de 1985 se promulgó la Ley 720, mediante la cual se creó el fondo especial denominado “Construcción de la Penitenciaría de Cochabamba y Centro de Rehabilitación de Fármaco Dependientes” que luego se llegó a conocer como Comité Pro Cárcel, destinándose a este fondo los bienes y valores incautados en aplicación del Decreto Supremo 20372 del 31 de julio de 1984.

El Comité estaba integrado por autoridades y representantes del Colegio de Abogados, el Comité Cívico, la Corte Superior de Justicia, Prefectura y Alcaldía, Comité Femenino y Contraloría, entre otros.

El Comité Pro Cárcel al enterarse de la existencia del terreno donado por Novillo a favor de los presos, planteó el 18 de agosto de 1993 la demanda de usucapión contra presuntos interesados. Aquel terreno estaba destinado al mejoramiento y construcción de las penitenciarías de Cochabamba.

En mayo de 1994 se dictó la sentencia y se declaró probada la demanda de usucapión. A partir de este fallo, se autorizó el fraccionamiento de los terrenos.

A partir de los años 2005 y 2006 los miembros del Comité realizaron el trámite de usucapión y posterior fraccionamiento y venta de los mismos.

En agosto de 2006, se realizaron sesiones en favor de la Alcaldía. Un año después, en agosto de 2007, se hizo la transferencia de los primeros lotes y se autorizó la venta de los restantes.

El dinero fue depositado en cuentas particulares de los miembros del Comité Pro Cárcel.

El terreno se fraccionó en 25 lotes, cada uno se vendió alrededor de 32 mil dólares, lo que representaría un daño económico de más de un millón de dólares.

En 2012 comenzó el proceso penal que, en la actualidad, está en apelación porque el fallo fue en contra del Estado, que intenta recuperar esos terrenos.

En julio de aquel año, seis exautoridades y miembros del entonces Comité Pro Cárcel Cochabamba fueron aprehendidos por haber “fraccionado y vendido ilegalmente un lote de 7.060 metros cuadrados donado para la construcción de centros de rehabilitación”.

Entonces, los aprehendido expresaron que el tema tenía trasfondo político. Argumentaron que los terrenos Pro Cárcel se adquirieron por usucapión, que es exclusiva para personas particulares y no para el Estado que debió hacer una expropiación, por lo que aseguraron que no sería un bien del Estado.

Desde entonces, el proceso siguió en medio de diferentes matices. Pasaron 10 años desde el inicio del caso.

El responsable departamental de la Procuraduría cuestionó que el tema haya prescrito, a mediados del pasado año.

“Obviamente, ninguna de las instituciones que se encuentra como parte acusadora en este caso ha aceptado esta determinación judicial, y es por eso que se ha planteado la apelación incidental contra dicho fallo judicial”.

Veizaga confía el que el tema se resuelva pronto y en favor del Estado, tomando en cuenta la vigencia de la Ley 1173, de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

“Ahora, se resuelven de forma más oportuna las excepciones”.

El caso se extinguió porque a evaluación del Tribunal a cargo, ya vencieron los términos que la ley establece para procesar a cualquier persona.

“Esto no quiere decir que las personas que han sido sometidas a juicio han sido declaradas absueltas ni nada por el estilo. Es por el transcurso del tiempo es que se ha prescrito”.

TODAS LAS VÍAS La autoridad aclaró que una vez que se resuelva esta apelación, en caso de no ser favorable para la Procuraduría y otras instituciones, existe aún otras vías a seguir, como la civil para iniciar las acciones legales que correspondan.

“Es un tema que todavía tiene mucho trámite por realizar”.

Veizaga consideró que la crisis que afecta a la administración de justicia genera estas dificultades y demoras.

Este caso tiene 15 imputados, quienes fueron procesados por la supuesta comisión de delitos como la legitimación de ganancias ilícitas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Se pedía una sentencia condenatoria por el daño causado. Estimaban entre cinco y siete años de cárcel para los procesados.

“Se sabe que existe también una crisis en recintos penitenciarios, es un terreno bastante grande que era favor justamente de los internos”.

Prevén ir hasta las últimas instancias necesarias, no solo en la vía penal, sino en la vía civil.

“Son terrenos que eran del Estado y, como digo, ha sido afectado todo el Régimen Penitenciario, porque era un terreno para este fin (…). Vendieron quienes no tenían legitimación para hacerlo”, insistió Veizaga.