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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 17:54

LA AUTORIDAD FUE IMPUTADA POR ATENTADO A LA SALUD PÚBLICA

Alcaldesa de Vinto muestra alcotest y prueba de COVID-19 negativos

Boris Salazar, su abogado, indicó que presentaron un incidente de nulidad a la autoridad jurisdiccional, pero que aún no fue atendida a consecuencia de la pandemia. También pedirán el sobreseimiento del caso debido a que consideran que la resolución no fue “justa”.
 
Alcaldesa de Vinto muestra alcotest y prueba de COVID-19 negativos

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, manifestó, en una conferencia de prensa esta mañana, que está siendo “perseguida y acosada” en el proceso que le instauraron, incluyendo a sus familiares, por atentado a la salud público. Indicó que el examen de alcoholemia y la prueba de coronavirus (COVID-19) que le practicaron dieron negativos.

El Ministerio Público le notificó ayer a una audiencia de inspección en su inmueble ubicado en Tio Moko (Vinto) a realizarse el 22 de mayo.

"Me siento hostigada con este proceso porque no me dejan trabajar en la dimensión que desearía con supuestos delitos. Me notificaron con una inspección a mi domicilio, pero quisiera que se actúe de esa manera en todos los casos y no solo con mi persona (…). Tampoco estoy pidiendo que se me favorezca con algo, sino que se actúe con legalidad”, señaló.

La Alcaldesa fue aprehendida (con sus hijos, la novia de uno de ellos y su chofer) por la presunta comisión del delito de atentado a la salud pública, el 23 de abril, porque organizó una reunión en su domicilio para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y habrían consumido bebidas alcohólicas, de acuerdo con el reporte policial. La autoridad, en ese entonces, dijo que compartieron una comida y que solamente probó “un vaso de chicha”.

Arce señaló que su familia también se sometió a las pruebas y que salieron negativos por lo que considera que este proceso es parte de una “persecución política”. Añadió que concejales se apersonaron al Ministerio Público presuntamente para adherirse a la denuncia y ella atribuye esa situación a “persecución política”.

Su asesor legal, Boris Salazar, manifestó que el Tribunal de Justicia emitió el auto supremo 326/2013-RRC que se refiere respecto al delito de atentado a la salud pública y que en su artículo 216 establece los lineamientos doctrinales para adecuar el comportamiento del tipo penal.

“Solamente se puede cometer este delito al comprobarse que el autor es portador del virus. Sin embargo, esto ha sido descartado a través de las pruebas practicadas a la Alcaldesa y sus familiares, es decir, se desvirtúa la probable autoría o responsabilidad por ese ilícito”, dijo.

Añadió que presentaron un incidente de nulidad, pero que aún no fue atendido por la autoridad jurisdiccional debido a las limitaciones que implica la pandemia. También indicó que pedirán al Ministerio Público el sobreseimiento del caso porque consideran que desde la aprehensión se actuó con ilegalidad puesto que los imputados no se encontraban en estado de ebriedad, de acuerdo con los resultados de los exámenes de alcoholemia.

“Vamos a pedir que se emita una resolución justa como es el sobreseimiento porque de lo contrario sería atropellar los derechos y garantías constitucionales en este caso de la Alcaldesa y sus familiares”, manifestó.

Salazar recordó que, en la audiencia de medidas cautelares, dictaron detención domiciliaria, por 20 días, con derecho al trabajo para la Alcaldesa. Dijo que ese tiempo ya se cumplió, pero que aún no atendieron sus peticiones.