Miembros de la Federación de Comerciantes de Ropa y Artículos realizaron hoy lunes por la mañana una protesta en la plaza principal 14 de Septiembre denunciando haber sufrido "abusos", durante un operativo de desaolojo, que la Intendencia de Cochabamba llevó adelante el pasado jueves en inmediaciones del mercado 10 de Febrero. En contrapartida, el sector formal pidió "hacer respetar las normativas vigentes" y, asimismo, cortar los "asentamientos ilegales", que perjudican a la población y provocan "pérdidas económicas".

"Así fuimos atropellados", describió uno de los carteles de los manifestantes acerca del altercado que dejó a dos guardias de la Dirección de Seguridad Ciudadana heridos por los golpes con las piedras que tiraron los comerciantes a su cabeza y pierna, en respuesta al decomiso de sus productos.

"Este es el sustento de nuestras familias. ¿De qué vamos a vivir? La Alcaldía tiene que dar soluciones a esta situación", había expresado una manifestante a la Red Uno hace cuatro días.

TEXTILEROS: "EL MUNICIPIO TIENE QUE HACER RESPETAR LA LEY"

El presidente del Consejo Nacional de Productores y Comercializadores de Bolivia (Conproc), Javier Flores, indicó que la alcaldía de Cochabamba tiene que "hacer respetar y cumplir las leyes vigentes".

"Se trata de puestos y mercadería ilegales. No tienen patentes, ni nada. El municipio intervino de manera legal y ellos salieron en marcha. Tendremos una asamblea esta tarde para definir qué medidas tomaremos. Nos encontramos en estado de emergencia. Ha habido controles en los centros de abasto de la Cancha, San Martín, Aroma. Simplemente pedimos que el alcalde, Manfred Reyes Villa cumpla las promesas realizadas antes de ser electo como autoridad. Pedimos impedir los asentamientos ilegales", expresó en contacto con OPINIÓN.

Respecto al impacto económico, Flores indicó que el mismo va subiendo cada año. "Hasta el 2016 era del 20%. En 2018, subió a mas del 30%. Creemos que ahora estamos en el 40%. No tenemos un reporte exacto, pero la venta de productos ilegales afecta de gran manera a la producción nacional en diferentes rubros".

Asimismo, pidió que el municipio "cumpla el Decreto Supremo 28771, que prohíbe la venta y comercialización de prendería usada. Si el Estado no cierra bien las fronteras, los municipios tienen que encargarse del decomiso de estos productos. Vamos a respaldar cualquier gestión que busque proteger la producción nacional".

Flores recordó el compromiso de Reyes Villa en marzo de este año. “La Alcaldía que podía dar trabajo comprando a la producción nacional, compró de la China. Nuestra gestión quiere comprarles a todos, vamos a incentivar la industria local y eso es lo que vine a conversar”, había asegurado en aquel entonces la máxima autoridad municipal.