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  • Diario Digital | miércoles, 19 de junio de 2024
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TITULARES Y SUPLENTES

Alternancia política, entre la ley y los “compromisos con las bases”

Miembros del MAS-IPSP se apoyan en su Estatuto Orgánico para exigir a autoridades titulares, concejales y asambleístas departamentales, que cedan sus cargos a sus suplentes.
Los conflictos en el municipio de Sacaba en exigencia de alternancia de concejales, en días anteriores. / DICO SOLÍS
Los conflictos en el municipio de Sacaba en exigencia de alternancia de concejales, en días anteriores. / DICO SOLÍS
Alternancia política, entre la ley y los “compromisos con las bases”

El municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba, tiene más de 28 mil habitantes y un Concejo Municipal con siete concejales. Además, en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) les representa un asambleísta. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas, Vicente Choque, informó que en todos estos casos se dio la alternancia, es decir que, las autoridades titulares cedieron sus cargos a sus suplentes.

No pasa lo mismo en el municipio de Sacaba, donde la exigencia de alternancia derivó incluso en gasificaciones y heridos, en días recientes.

La alternancia política se trata en medio de los “compromisos” asumidos por autoridades, principalmente del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), con sus bases y la ley vigente, que no obliga a que dejen sus cargos.

NORMAS Y ESTATUTO El Artículo 288 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el período de mandato de los integrantes de los concejos y asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

En la actualidad, las autoridades ocupan cargos en el marco de la gestión 2021 – 2026.

Entretanto, el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, establece en el numeral 1 de su Artículo 69, sobre los deberes y responsabilidades de las bancadas de asambleístas nacionales, departamentales y concejales, que “de carácter obligatorio constitucional y reglamentario la conformación de las bancadas únicas de asambleístas del MAS-IPSP a nivel nacional, departamental y municipal deberá tomar en cuenta la alternancia, equidad e igualdad de género y liderazgo en la gestión política”.

Apoyados en esta base y considerando acuerdos previos, los masistas exigen que sus autoridades electas en la Asamblea Departamental y en concejos municipales permitan la suplencia.

Se conoce que existen autoridades que firmaron documentos garantizando la alternancia con sus suplentes, una vez se cumpla la mitad de gestión (dos años y medio). Se supo que otros hicieron estos compromisos de forma verbal y ante sus bases.

Choque manifestó que la asambleísta departamental titular por su provincia, Elena Aine, ya cedió el cargo a su suplente.

“Gracias a mis organizaciones sociales, Sindicato San José de Chiquitos, Central 4 de Abril afiliada a la Federación Única Centrales Unidas y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico tuve la oportunidad de servir a nuestro pueblo como asambleísta departamental. Dando cumplimiento a los acuerdos orgánicos del MAS-IPSP, a partir de hoy se habilita por alternancia mi hermano asambleísta suplente. Retorno a las bases (…)”, escribió en sus redes sociales, el 13 de diciembre de 2023.

Asambleístas como Juanita Ancieta también tienen compromisos. En otros casos, cumplen con la alternancia por meses.

El dirigente Choque aseguró que en los cinco municipios del Trópico (Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos) se cumplió con la alternancia de los concejales.

SACABA, CON LÍOS La pasada semana, una madrugada, los concejales titulares del municipio de Sacaba sesionaron con el objetivo de elegir una nueva directiva para la gestión 2024 – 2025. Sin embargo, esto ahondó los problemas, debido a que sectores sociales exigen la alternancia, es decir, que los titulares cedan sus cargos a sus suplentes.

Hubo agresiones verbales, mientras el Concejo era resguardado por la Policía. Las vigilias se mantenían. Al día siguiente, los conflictos llegaron a gasificación y hasta heridos.

Estos conflictos comenzaron hace más de dos semanas.

Sacaba tiene un Concejo Municipal conformado por 11 concejales. En las elecciones subnacionales de 2021, el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró cinco concejales; el Movimiento Tercer Sistema (MTS) obtuvo tres; Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) tiene dos y el Frente Para la Victoria (FPV), uno.

Las organizaciones sociales movilizadas exigen que la totalidad de las autoridades del ente legislativo municipal de Sacaba cumpla la alternancia.

Estos sectores observaron conflictos por “intereses particulares, personales”. Aseguraron que existen actas firmadas para la alternancia.

Aunque continuar ejerciendo el cargo no va contra ninguna normativa vigente; para quienes lo cuestionan, este es un tema que cada concejal debió haber previsto antes de firmar los acuerdos que ahora les reclaman.

La alternancia es una práctica que suele darse en distintos municipios del país; implica acuerdos previos entre autoridades titulares y suplentes.

La Asamblea Legislativa Departamental, cuando Elena Aine era presidenta. / DICO SOLÍS
La Asamblea Legislativa Departamental, cuando Elena Aine era presidenta. / DICO SOLÍS

COMPROMISO VS LEGALIDAD Por un lado, existen compromisos de asumir la alternancia. Por otro, la ley no obliga a ceder cargos.

Masistas, “arcistas” (afines al presidente Luis Arce) y “evistas” (seguidores de Evo Morales), coinciden en que se deben cumplir las promesas y ceder paso a los suplentes en los cargos públicos, como asambleístas y concejales.

Del ala arcista, la diputada Rosario García Onofre expresó que siempre debe haber alternancia.

“Al principio, han entrado los dos en la campaña, y hay acuerdos. La alternancia siempre se tiene que dar”

Con la misma idea, el dirigente Choque, del ala evista, se remitió al Estatuto Orgánico del MAS-IPSP y a resoluciones internas del partido azul.

“En la región del Trópico, se ha cumplido a cabalidad”.

Describió que las autoridades titulares ceden su puesto a sus suplentes luego de dos años y medio en el cargo; en algunos casos, lo hacen luego de tres años.

Sobre la legalidad en torno al tema, García reconoció que en la Constitución Política del Estado no existen determinaciones que respalden a los suplentes en este sentido.

El Ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas dijo que “una cosa es la ley, pero otra cosa es un compromiso con las bases, porque las campañas las hacen tanto el titular como el suplente, ponen los dos de su parte”.

García reconoció que existen casos en los que se activan temas políticos.

“Lamentablemente, ha habido ahora el tema coyuntural político, también está llevando a que no den o no cedan la alternancia, y es muy lamentable eso. Sí o sí tiene que haber alternancia. No puede eso quedar atrás. Hay un acuerdo, pue, entonces que cumplan, si es que hay un acuerdo”.

Por otro lado, la parlamentaria dijo que habían trabajado en un proyecto de ley.

“Pero, tampoco lo permite así la Constitución Política del Estado. Solo hay ese acuerdo entre las dos personas. Pero, ya para la siguiente legislatura, se tendría que tocar estos temas. Ya hay una iniciativa de un proyecto de ley que realmente obligue a que sí se dé la alternancia”.

La parlamentaria expresó que, en la actualidad, ceder a la alternancia pasa también por un tema ético.

Autoridades mujeres denuncian ser víctimas de acoso político

Existen autoridades mujeres, quienes respaldadas por la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, realizan denuncias.

La Ley 243 protege a las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político – pública.

Sobre el caso de Sacaba, la delegada defensorial departamental en Cochabamba, Marioly Álvarez, dijo en días anteriores que ya se presentaron denuncias de acoso político; se mostró junto a cuatro concejalas.

Manifestó que ellas ya formalizaron denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), y agregó que esperan que la Fiscalía, a través de la Policía, pueda brindarles las garantías establecidas por norma vigente.

Se define como acoso político, de acuerdo con esta norma, a los actos presión, persecución hostigamiento o amenazas en contra de las mujeres o sus familias con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo.

PRONUNCIAMIENTO El 15 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento instando a proteger la estructura constitucional de participación política de mujeres en Cochabamba.

En mayo de 2023, la Defensoría presentó el Informe Defensorial ‘Obligadas a Renunciar’. Entonces, informaron que, bajo la premisa de "gestión compartida", se pretenden justificar la afectación de las funciones de las autoridades mujeres, “siendo que esta práctica es ilegal y no comulga con la alternancia política; y al estar vinculada con hechos de acoso y violencia política, son pasibles de ser sancionados en el ámbito penal”.

La institución detalló que entre enero y mayo de este 2024, registraron casos de acoso y violencia política en concejos municipales como en Sipe Sipe y Capinota en Cochabamba, además de Ocurí en Potosí y Santa Rosa de Yacuma en Beni, entre otras denuncias.

La Defensoría del Pueblo exhortó a los asambleístas departamentales, concejales suplentes, organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas, a que se abstengan y cesen en exigir una “gestión compartida”, implementando las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, libres de todo hecho de acoso y violencia política, hasta la conclusión de su mandato.